Regulación

En el mercado eléctrico se identifican las actividades de generación, transmisión y distribución, las cuales son desarrolladas por empresas privadas. La autoridad cumple el rol de regulador y fiscalizador, buscando establecer criterios que favorezcan una expansión económicamente eficiente del sistema eléctrico. El sector eléctrico en Chile está regido por la ley general de servicios eléctricos.

El organismo público responsable del sector es el Ministerio de Energía. Es responsable de los planes, políticas y normas para el desarrollo del sector eléctrico. Además concede concesiones para centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y zonas de distribución eléctrica. De él depende la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas del sector, calcula las tarifas mediante los informes técnicos de fijación de precio nudo y genera el plan de obras, una guía indicativa para la expansión del sistema a diez años que viene anexa al informe técnico. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fija los estándares técnicos y fiscaliza su cumplimiento.

En Chile existen dos grandes sistemas interconectados, el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), además de los sistemas menores de Aisén y Magallanes. Las empresas generadoras deben coordinar la operación de sus centrales a través de los Centros de Despacho Económico de Carga respectivos (CDEC-SIC y CDEC-SING). La función principal de los CDEC es velar por la seguridad del sistema y programar el despacho de las centrales de manera de satisfacer la demanda en todo momento al menor costo posible, sujeto a las restricciones de seguridad.

A las empresas generadoras se les remunera por energía y potencia. La energía se refiere al consumo efectivo y se paga ya sea al costo marginal de producción del sistema o al monto pactado en caso de los contratos libres. El concepto de potencia premia al generador por poner capacidad a disposición del sistema. Se paga la potencia firme al costo marginal de expansión del sistema. La potencia firme es la máxima potencia que el generador es capaz de inyectar sujeto a su indisponibilidad probable y la determina el CDEC para cada central.

La venta de energía se realiza en forma de contratos financieros. Se firman contratos de suministro con empresas distribuidoras y clientes libres, y se ajustan posiciones en el mercado spot al costo marginal que la CNE determina cada hora. Esto significa que las empresas cuya producción no alcanza a cubrir sus obligaciones, acuden al mercado spot para balancear sus posiciones. Al respecto, las modificaciones introducidas al DFL-4 mediante la Ley Corta II establecen que las empresas de distribución deben respaldar los consumos de sus clientes regulados mediante contratos de suministro de largo plazo. Esta ley también establece incentivos para las energías renovables.

Las instalaciones de transmisión se remuneran mediante los peajes de transmisión que pagan las empresas generadoras en proporción al uso. Las tarifas están diseñadas para ofrecerle a las empresas de transmisión un retorno de 10% real anual del valor de sus instalaciones de transmisión, a lo que se añade los costos de operación, mantenimiento y administración (COMA). Las empresas de transmisión funcionan sobre la base del acceso abierto, que asegura acceso al sistema existente a nuevos actores que quieran participar de la ampliación del sistema de transmisión. Las empresas de distribución tienen la obligación de traspasarles a sus clientes regulados el precio de nudo al que compran la energía, adicionado con el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Regulación ambiental

Las bases generales del medio ambiente establecen que los proyectos se tienen que someter al SEIA, mecanismo mediante la cual la autoridad ambiental (Ministerio del Medio Ambiente) a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) evalúa los impactos que genera un proyecto.

Derechos de agua

El código de aguas posibilita la existencia de un mercado para los derechos de aprovechamientos de agua. Los derechos de propiedad pública son rematados por la DGA entre los interesados, y los derechos de propiedad privada se pueden transar libremente. Además, con el objeto de evitar la especulación, los derechos de agua no consuntivos no aprovechados deben pagar patentes.