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Licitaciones de suministro para clientes regulados: cambios necesarios

Systep

En la Agenda de Energía el Gobierno planteó como objetivo reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico de la próxima década, lo que implica lograr un precio adjudicado de 95,15 US$/MWh.

Desde su creación en la Ley Corta II, las licitaciones de suministro de clientes regulados han evidenciado una tendencia al alza en los precios licitados, en donde las ofertas recibidas en 2013 superan holgadamente los costos de desarrollo de las tecnologías de generación más
eficientes, existiendo el riesgo de que esto se proyecte a futuro. Este difícil escenario plantea un desafío importante para los objetivos del Gobierno, pero a su vez representa una gran oportunidad para rediseñar el mercado de contratos regulados. En los próximos años se deberá licitar la mayor parte del suministro a clientes regulados de la próxima década.

Dado lo anterior, es esencial reconocer que el objetivo principal de las licitaciones es despejar el precio más bajo de energía suficiente para clientes regulados a través de ofertas competitivas y de la calidad requerida. A este objetivo se pueden agregar otros, pero deben ser secundarios, tales como más competidores, diversificación, sustentabilidad, etc, los cuales debieran ser canalizados a través de otros instrumentos de política pública. Por lo demás, el cumplimiento de dichos objetivos secundarios no debiese recaer exclusivamente en el segmento regulado, si no que los clientes libres también son actores fundamentales para dichos propósitos.

Una vez definidos los objetivos, se deben realizar los ajustes al mecanismo de licitaciones que permitan avanzar hacia un contexto más competitivo en donde el mercado regulado sea más atractivo para los oferentes. En este sentido, es primordial reducir los riesgos asociados a la contratación de suministro, tanto regulatorios como de mercado, generando condiciones de mercado conocidas y predecibles que permitan entregar mayores certezas en el mercado de contratos regulados.

Una primera medida que apunta en esta dirección sería la creación de una agencia licitante independiente, con funcionamiento pemanente, que garantice un proceso técnico – económico independiente que maximice el beneficio social y que entregue confianza a los participantes. Las funciones de esta agencia deben ser el diseño de las licitaciones y el funcionamiento como integrador único, que se realice en base a un monitoreo permanente del mercado y al análisis dinámico de las condiciones esperadas. El diseño de las licitaciones debe basarse en una cartera de distintos productos o contratos estándares, con distintos plazos y volúmenes, que resulte óptima desde el punto de vista de una evaluación de retorno – riesgo, teniendo en cuenta las condiciones circunstanciales del mercado a corto plazo. De esta manera, debe haber una coexistencia de los mercados de corto y largo plazo, pero considerando que la proporción entre largo y corto plazo es función de la optimización de la cartera.

Para evitar la exposición al ciclo político y mantener la independencia de grupos de interés, es importante que la agencia licitante sea independiente del Gobierno. En particular, sería difícil separar el rol de regulador y operador del mercado. En cualquier caso, si finalmente el Gobierno resultase estar a cargo como un comprador único de las licitaciones, es indispensable que los instrumentos, atribuciones y flexibilidades estuviesen claramente establecidos por Ley, para reducir la incertidumbre futura y el riesgo regulatorio.

Por otra parte, es necesario modificar la evaluación de las ofertas a modo de evaluar otros elementos además del precio ofertado. Es importante probar la firmeza de las ofertas tal que se pueda asegurar la existencia de un suministro seguro y eficiente, revisando la suficiencia de generación comprometida en los contratos licitados. Esto puede ser parte de un proceso previo, donde se emitan certificados de energía ofertable. En la misma línea, se puede evaluar la solvencia financiera de las ofertas. Se deben evaluar las fórmulas de indexación, tal que la evaluación de las ofertas se aborde como un problema de decisión bajo incertidumbre, a través de un análisis de riesgo. Para esto último, sería necesario que los parámetros de indexación para evaluación se conociesen ex-ante, con las bases de licitación.

La evaluación de las ofertas debe promover la competencia, desafiando a los participantes a través de un precio de reserva (oculto) que represente a la mejor alternativa de no hacer una licitación (negociación directa). De esta forma se evita repetir licitaciones a precios techos mayores (riesgo de especulación). Otros aspectos importantes a ser considerados en las licitaciones son el traspaso de riesgos no previsibles en los contratos, de manera de evitar que se produzcan traspasos al precio. Debe existir flexibilidad para postergar el inicio de suministro ante razones específicas no imputables al desarrollador, lo cual es clave para la entrada en nuevos actores, así como la posibilidad de rechazar un contrato adjudicado si el proyecto no resulta ejecutable dentro de un período acotado, considerando entonces la adjudicación de la licitación al segundo mejor, o bien reabriendo el proceso de licitación.

Ahora bien, un diseño de licitaciones adecuado debe minimizar los contratos sin suministro, cautelar que su mecanismo de tratamiento sea excepcional y de aplicación transitoria, y que la energía sin suministro se licite al más breve plazo. Para evitar que el riesgo de contratos sin suministro se traspase a precio fijo en las licitaciones, es importante que el precio de los contratos sin suministro represente el verdadero costo de oportunidad de un generador con una estrategia contractual definida, es decir, el costo marginal.

Una mejora en el mecanismo de licitaciones representa una reforma al corazón del mercado eléctrico, abriendo oportunidades para hacer el diseño de un mercado eficiente. Si la reforma se ejecuta de forma eficiente, y se alcanza la meta propuesta del gobierno, las tarifas BT1 subirán al año 2025 en un rango entre 11% y 19% respecto de 2013, dependiendo de la distribuidora se trate. El costo de no hacer una buena reforma, es que los consumidores tendrán alzas mayores.

Por Systep, consultora chilena altamente especializada en el campo de los estudios técnicos y económicos del sector energético.

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