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HidroAysén el Dia Después

Waldo Parra

El 10 de junio de 2014, el Comité de Ministros; conformado por los Ministros del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura; de Energía; y de Minería; decidió revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada al proyecto HidroAysen en mayo de 2011 por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de Aysén. La pregunta que cabe hacerse, entonces, es: Y ahora qué sucederá. Para las algunas autoridades, con esta decisión “se vuelve al cauce institucional que nunca debió perderse”, ya que es necesario respetar la legalidad vigente, y en este caso en particular, la institucionalidad ambiental que se ha dado el país. Para otros, es una señal evidente que los grandes proyectos económicos que afecten a las comunidades deben llevarse a cabo tomándolas en consideración, habida cuenta de la importancia que pueden tener para ellos, los cambios y consecuencias que pueden producirles a sus vidas. Para los empresarios, por su parte, esta situación asoma con visos de preocupación, ya que algunos sectores consideran que se podría poner en cuestionamiento otros proyectos de similares, con el impacto que esto significaría para las inversiones en el área de la energía del país. Finalmente, para los expertos, este hecho trae consigo la necesidad de “encontrar otras fuentes alternativas de energía que permitan cubrir el crecimiento en la demanda.” Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ¿qué viene ahora?

Según el artículo 17 de la Ley Nº 20.600, “los Tribunales Ambientales serán competentes para: 5) Conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 quinquies de la ley Nº 19.300 (…).” A su vez, el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 señala que: “la Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se inicie con la notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 19.880. El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20.” Por su parte, el artículo 20 de la Ley Nº 19.300, en su inciso cuarto, establece que “de lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podrá reclamar, dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y siguientes de esta ley.” Y el artículo 60 de la Ley Nº 19.300 dice que “será competente para conocer las causas que se promuevan por infracción a la presente ley, el Tribunal Ambiental, de conformidad a las normas de procedimiento establecidas en la ley que lo crea.” Finalmente, el mismo artículo 17 de la Ley Nº 20.600 advierte que “será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.” Y agrega el mismo artículo 17, en su inciso final que “en los casos de los numerales 5) y 6) del presente artículo no se podrá ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley Nº 19.880 una vez resueltos los recursos administrativos y jurisdiccionales o transcurridos los plazos legales para interponerlos sin que se hayan deducido. En efecto, según el artículo 53 de la Ley Nº 19.880, “la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.” Por lo tanto, salvo las distintas y variadas estrategias legales que puedan abordarse, el camino jurídico esta trazado por la misma señalada institucionalidad ambiental: existe la posibilidad de presentar una reclamación ante el tribunal ambiental respectivo. Y se trata de una reclamación, no de un recurso de apelación, como han dicho algunos medios, ya que ésta se encuentra regulada expresamente por la Ley Nº 20.600. En efecto, según el artículo 27 de la Ley Nº 20.600, “toda reclamación se presentará por escrito, y en ella se indicarán sus fundamentos de hecho y de derecho y las peticiones concretas que se someten a la resolución del Tribunal. Éste examinará en cuenta si la reclamación ha sido interpuesta en tiempo y forma. Podrá declararla inadmisible mediante resolución fundada si, en opinión unánime de sus miembros, no hubiere sido interpuesta dentro de plazo, se refiera a materias que estén manifiestamente fuera de su competencia, no esté debidamente fundada o no contenga peticiones concretas. Esta resolución podrá impugnarse, mediante reposición con apelación subsidiaria, dentro de quinto día de notificada.”

En cuanto al procedimiento, el artículo 18 de la Ley Nº 20.600 señala que “los organismos de la Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan, podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los Tribunales Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la enumeración del artículo 17: 5) En los casos de los números 5) y 6), las personas naturales y jurídicas que presentaron sus reclamaciones de conformidad a la ley.” El artículo 20 de la Ley Nº 20.600 dice que “la reclamación, solicitud o demanda se presentará al Tribunal Ambiental competente. Si el domicilio del legitimado se encontrare fuera de la región de asiento del Tribunal, ellas podrán presentarse en el juzgado de letras en lo civil en cuyo territorio jurisdiccional aquél esté domiciliado. En este caso, el juzgado deberá remitir el documento al Tribunal respectivo el mismo día o, a más tardar, el día hábil siguiente al de su recepción.” El artículo 21, a su vez, de la Ley Nº 20.600, indica que el procedimiento será público e impulsado de oficio por el Tribunal hasta su resolución definitiva. Además, advierte que las partes deberán actuar representadas en la forma prevista en la ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio, esto es, mediante un profesional abogado. En cuanto a las notificaciones, el artículo 22 de la Ley Nº 20.600 dice que estas se regirán por las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, aunque las partes podrán solicitar que se les notifique por correo electrónico. Asimismo, este procedimiento está afecto a incidentes, así como a la aplicación de medidas cautelares, conservativas o innovativas, “con el fin de resguardar un interés jurídicamente tutelado y teniendo en cuenta la verosimilitud de la pretensión invocada”, que sean “necesarias para impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos a su conocimiento.” Respecto de la sentencia definitiva, ésta se dictará con arreglo a lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, debiendo, además, en su caso, enunciar los fundamentos técnico-ambientales con arreglo a los cuales se pronuncia. En cuanto a los recursos, el artículo 26 de la Ley Nº 20.600 señala que “en estos procedimientos sólo serán apelables las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación. De este recurso conocerá la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional tenga asiento el Tribunal Ambiental que haya dictado la resolución apelada.”  Y este mismo artículo advierte que, en cambio, “en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos relativos a las materias que son de la competencia de los Tribunales Ambientales, establecidas en los numerales 1), 2), 3), 5), 6), 7) y 8) del artículo 17, procederá sólo el recurso de casación en el fondo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.” Y el mismo artículo 26 de la Ley 20.600 agrega que “además, en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos señalados en el inciso anterior, procederá el recurso de casación en la forma, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sólo por las causales de los números 1, 4, 6 y 7 de dicho artículo. Asimismo, procederá este recurso cuando en la sentencia definitiva se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 25 de esta ley; o cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.”

En definitiva, teniendo en cuenta la institucionalidad ambiental existente, y su regulación jurídica aplicable al caso, para HidroAysen el día después será solo la continuación de un largo conflicto por llevar cabo un importante proyecto en materia de energía, que, desde el punto de vista del interés público, pretendía resolver la carencia energética del país, y que ha tenido muchos y diferentes frentes de batalla. El jurídico-legal es solo uno de ellos. En efecto, estando dentro del plazo legal, HidroAysen tiene 30 días corridos, desde que sean notificados legalmente de la resolución del Comité de Ministros, para presentar su reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental (www.tercertribunalambiental.cl), que tiene su sede en la ciudad de Valdivia; lo que se transformará, sin lugar a dudas, en el caso más importante y emblemático, de su breve historia jurisdiccional. Por otro lado, si bien HidroAysen es el proyecto hidroeléctrico más conocido, existen otros que amenazan con avecindarse en la XI región, como la Central Hidroeléctrica Río Cuervo, respecto de la cual, en el mes de abril pasado, la Corte de Apelaciones de Coyhaique (www.poderjudicial.c) rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén, que en septiembre de 2013 aprobó el Informe Consolidado del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de la empresa Energía Austral. De hecho, el gobierno de Michelle Bachelet se ha encargado de decir que “no ha renunciado a desarrollar el potencial hidroeléctrico de la zona de Aysén, (siempre que se haga) respetando a las comunidades y el medioambiente”, y enfatizando “que el rechazo al proyecto de Endesa y Colbún no implicaba un “veto” a las hidroeléctricas de gran tamaño.”  Por lo tanto, para aquellos que, con sinceridad, creían que se había puesto la lápida a HidroAysen, y con esto a cualquier otro proyecto de similares características, claramente este no es así. El final de la historia está lejos de llegar, puesto que aún quedan muchos asuntos por resolver antes de dar vuelta definitivamente la última página de esta prolongada novela de capas y espadas.

Waldo L. Parra, abogado. Doctor en Derecho. Profesor de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de Universidad de Chile. Socio de Parra & Cia. – Abogados (www.parra.cl). Socio Director de Power Business Partner (PBP www.powerbusinesspartner.com).

wparra@fen.uchile.cl / @Waldo_Parra

Columna escrita por el autor para Central Energía el mes de Junio de 2014.

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