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Licitaciones de bienes nacionales y ordenamiento territorial

Systep

Chile ha sido incapaz de desarrollar su matriz energética eléctrica de modo de lograr energía suficiente y a precios competitivos a nivel internacional, debida consideración de los recursos de que dispone. Las dificultades surgen esencialmente de restricciones sociales, políticas y ambientales a las energías convencionales de base. Esta incapacidad está transformándose en un freno del desarrollo económico y social del país. Parte de las dificultades se relacionan con los conflictos de uso del territorio, los que surgen frecuentemente, originando una creciente ola de oposición local y litigación en contra de proyectos industriales, incluyendo los de energía. En el ámbito eléctrico esta oposición se ha manifestado concretamente en la judicialización de las que han sido protagonistas proyectos de generación emblemáticos y que en algunos casos han concluido en su completa detención. A ello se suma la oposición por parte de pueblos originarios por reclamaciones de territorios en zonas donde se construirían algunos proyectos de generación.

La Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE) planteó el 2011: “En el caso de la generación termoeléctrica de base (carbón y gas natural), esta Comisión recomienda definir un ordenamiento territorial, con áreas vetadas a estas centrales, al tiempo que se definan otras zonas especialmente aptas para el posible desarrollo termoeléctrico…”

La reacción del gobierno a esta propuesta fue lenta. El Ministerio de Bienes Nacionales, después del episodio Barrancones, formuló la creación de un Instrumento de análisis territorial, herramienta que permitiría realizar un diagnóstico y análisis de territorios para la ubicación de proyectos eléctricos. Esta iniciativa no prosperó y finalmente se traspasó al Ministerio de Medio Ambiente, que trabajó en una base de datos espaciales. Sin embargo, una nueva iniciativa gubernamental innovó y creó nuevos espacios para este ordenamiento. Efectivamente, a fines del año pasado, el Ministerio de Bienes Nacionales desarrolló un proceso de licitación de concesiones a 50 años de siete paños aptos para la construcción de centrales termoeléctricas, entre las regiones de Tarapacá y Atacama. Los ganadores de la licitación fueron Endesa, E-CL, Minera Collahuasi, IC Power y Concesionaria PPP. Dentro de sus obligaciones está levantar un mínimo de 350 MW en cada zona, lo que suma un aporte potencial de al menos 2.450 MW a la matriz energética nacional. Una ventaja que tienen estos terrenos es que, según la CONADI, están excluidos de la exigencia de la consulta indígena. Antes de esto, el Ministerio de Bienes Nacionales había realizado licitaciones de terrenos para generación eólica en la zona de Sierra Gorda y Calama, pero de una magnitud bastante menor. Hay mucho interés en comprobar cómo estas iniciativas logran efectivamente desarrollar nueva generación de base termoeléctrica, uno de los puntos débiles en el desarrollo de nuestra infraestructura de producción. La licitación mencionada se centra exclusivamente en el desarrollo de generación en el SING. Está por verse cómo esto puede concretarse en el SIC, desafío que se traspasa al gobierno de la Presidente Michelle Bachelet.

El programa del nuevo gobierno considera como materia importante este tema, planteando su interés de impulsar “un Plan de Ordenamiento Territorial, con participación ciudadana… El Plan debe identificar aquellos lugares en donde se permitirán actividades productivas o de generación de energía sin afectar negativamente a las personas, y donde se podrán realizar los proyectos con la agilidad que Chile requiere.” En este sentido, la industria está expectante de las medidas concretas que se implementarán, entender el marco normativo en que se realizará dicho plan y qué tan vinculante y coherente será respecto de todos los permisos que se necesitan para viabilizar proyectos en materias de energía.

Buscando aportar a la mejora de las políticas de localización de infraestructura energética se encuentra trabajando en este tema un grupo universitario integrado por el MIT, Harvard, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, entre otros.

Es fundamental que estas acciones de ordenamiento territorial se inserten en acciones coordinadas más amplias, que integren al Ministerio de Energía y que se vinculen con una planificación estratégica de los sistemas de transmisión troncales. También, es importante resaltar que estas acciones deben respetar la libertad del sector privado para buscar las tecnologías de generación más eficientes, así como para identificar otras posibles zonas de interés para desarrollar sus inversiones. Lo central es lograr reglas claras a la inversión y evitar la obstrucción a los proyectos energéticos que Chile necesita para su desarrollo.

Por Systep, consultora chilena altamente especializada en el campo de los estudios técnicos y económicos del sector energético.

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