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Los desafíos energéticos del nuevo gobierno

Alejandro JadresicEl principal desafío del nuevo gobierno en materia energética será reactivar las inversiones en generación y transmisión eléctrica. La dificultad para concretar proyectos debido a obstáculos administrativos, judiciales, políticos y sociales es una de las principales amenazas al desarrollo futuro.

Se requerirá gran liderazgo político para establecer un nuevo modelo eléctrico que cuente con amplios niveles de consenso. No obstante sus bondades, el modelo actual está haciendo agua. Los supuestos de libre entrada, competencia y reglas claras ya no son válidos. Hay que reconocer las falencias actuales y abordar los problemas de fondo.

La búsqueda de consenso exige altos niveles de participación de una ciudadanía plenamente informada y orientada por un gobierno que no elude los problemas, plantea los desafíos reales y propone soluciones concretas. Su norte debe ser el bien común. El desarrollo energético no puede quedar al arbitrio de decisiones judiciales, telefonazos presidenciales o gritos de la calle.

Las disyuntivas están claras. Una está resuelta. El país resolvió dar un fuerte impulso a las energías renovables para abarcar un 20% de la matriz eléctrica al 2025. Es un desafío difícil, con costos elevados, pero valioso, en cuanto muestra que es posible lograr acuerdos.

También se ha optado por la eficiencia energética, aunque, como en las renovables, no está claro cómo lograrlo.

Queda por resolver cómo cubriremos el resto de la demanda. ¿Hacemos hidroeléctricas, incluyendo las de Aysén, u optamos por termoeléctricas? Si pretendemos cumplir la promesa de reducir las emisiones de CO2, entonces elijamos las hidroeléctricas, o las nucleoeléctricas, que son más caras. Si no, recurramos a los combustibles fósiles. El carbón es más seguro, económico y abundante; el GNL emite menos, pero tiene mayor costo y menor seguridad de suministro.

Cualquiera sea la decisión, hay que asegurar que el nuevo modelo funcione. Dos requisitos son indispensables. Primero, que los proyectos aporten a las comunidades locales para que se beneficien también de su desarrollo; sólo se garantizará la libre entrada cuando muchas comunidades deseen hacer proyectos. Segundo, una reforma institucional que precise el significado de las normas, evite la judicialización y permita a los servicios estatales cumplir la frondosa regulación que hemos ido estableciendo.

Así de simple es la tarea del gobierno.

Alejandro Jadresic es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez

(Publicado en la edición de enero 2014 de la revista Qué Pasa Minería)

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