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Nuestra estrategia energética

mercado electricoA mediados del año 1999, con más deseos que sensatez, en medio de una crisis derivada de la falta de lluvias se introdujeron modificaciones a la legislación eléctrica. Con el loable propósito de aumentar la seguridad, se introdujo incerteza jurídica, lo que ralentizó la inversión. Desde entonces una seguidilla de acciones, siendo el caso de Central Barrancones un hito marcado al inicio del gobierno actual, ha coronado la falta de coherencia del Estado y el descuido de una institucionalidad que más temprano que tarde pasará la cuenta.

Un creciente grupo de analistas sostiene que Chile siempre careció de una política energética y que no se ha logrado un consenso sobre “la matriz energética que queremos”. Sabemos, por otra parte, que un consenso en la materia es poco probable que ocurra antes de una crisis severa, la que de todos modos llegará, a menos que tengamos el acuerdo; vaya paradoja.

Sin embargo, cabe señalar que Chile sí ha tenido una estrategia energética coherente iniciada a principios de los 80, que funcionó adecuadamente por años, sólo que hoy claramente requiere de modificaciones. Este modelo de desarrollo energético quizás no fue lo suficientemente explícito, pero persigue y se basa en un conjunto de premisas que lo hicieron exitoso y cuyas bases debieran ser rescatadas. Dicha estrategia:

• Implicaría el desarrollo los proyectos socialmente más rentables para el país.

• Considera en la estimación de rentabilidad social los costos privados de desarrollar y operar las centrales, conocidos (y sufridos) como nadie por los mismos empresarios eléctricos del sector privado, quienes además saben de costos de tecnologías alternativas y sus riesgos.

• Reconoce que las empresas privadas no saben (o no quieren reconocer) los costos que eventualmente infringen al resto de los actores sociales no involucrados en las transacciones, pero que el Estado sí sabe reconocer dichos costos.

La operación de la estrategia consistió simplemente en determinar los precios aplicables a las empresas distribuidoras y que remuneraran la energía (digamos, la electricidad que consumimos), y la potencia (la seguridad de tener electricidad), conteniendo cualquier abuso a los clientes finales. Las fórmulas para el cálculo de esos precios regulados y que incide en la remuneración a
las empresas, dicen relación con cuánto le cuesta a los privados producir un último kilowatt (para la energía) y con cuánto vale disponer de potencia instalada para que nos dé seguridad.

Si una central debe ser térmica, hídrica o eólica, no es un problema que resuelva el regulador. Son los privados quienes evaluarán qué tipo de central hacen y dónde la ubican, dado los precios de energía y potencia. Hidros son más baratas de operar si hay agua abundante, pero más caras de construir, además de estar eventualmente más lejos del centro de consumo y por ende, requerir hacerse cargo del transporte (transmisión). Eólicas son baratas de operar, pero requieren de transmisión y peor, con la inestabilidad del viento, al dar menos seguridad, se les remunera menos.

En términos simples, se trata de una estrategia donde los precios de energía y potencia determinan los incentivos. Se construyen y operan las centrales más baratas en un marco de certeza jurídica que permite disponer de energía y seguridad. Ello es eficiente desde la perspectiva privada, aunque no necesariamente desde la perspectiva social.

La diferencia entre lo privadamente y socialmente bueno centra la discusión reciente. Ella surge porque los privados no conocen (o no quieren darse por aludidos) cuánto daño a terceros causa construir o generar con una determinada central; no reconocen que con centrales a carbón se genera más CO2 que con eólicas; que las hidros inundan terrenos, desplazan gente. Pero es posible conciliar ambos criterios. Para que los incentivos a privados lleven a maximizar el bienestar social, se requiere que el Estado determine claramente el costo de los distintos emplazamientos, de las distintas tecnologías, de las distintas operaciones sobre individuos indirectamente relacionados. Se requiere determinar el costo a una comunidad que se le inunda, el costo de ver tendidos de transmisión en las áreas donde debe pasar el tendido, el costo de la contaminación.

Si el Estado determina claramente dichos costos y los explicita, entonces la estrategia de precios promoverá el bienestar social. Si no lo hace, entonces la sociedad, los grupos de presión, procuran decirle al Estado cuáles son esos costos usando para ello medios sino ilegítimos, opacos, deslegitimando la estrategia. Asimismo, si los costos generados por un emplazamiento u operación afectan a un grupo y ese grupo no tiene compensaciones directas, entonces la oposición será más fiera y eventualmente el proyecto no se hará dónde ni en el momento en que debe hacerse.

La estrategia energética de Chile requiere conocer claramente los costos generados a terceros, aplicárselos a quienes los generan y para que tenga legitimidad social, compensar a los afectados. En ese caso, naturalmente y sin intervenciones adicionales tendremos la matriz energética que necesitamos y electricidad no abundante, sino que en la exacta medida que la sociedad requiere.

En el dilema eléctrico, como la mayoría de los problemas de política pública, no es posible encontrar atajos, pues si fuera un organismo del Estado quien decide centralizadamente el desarrollo eléctrico, o la matriz que queremos, serán necesarios los cálculos de los mismos costos generados sobre terceros. En esa situación, sin embargo, el organismo deberá preguntar, estimar, pero no tendrá revelados los costos privados de construir y operar centrales, con lo cual llegaremos a un resultado más oscuro.

Por Ricardo Paredes, Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica, Ph.D. en Economía en UCLA.

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