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Política y energía

eugenio-evansSe viene un año muy interesante. 2013 será un año intensamente electoral. Debutarán formalmente las primarias para elegir candidatos -formal en el sentido de lo institucional, de que serán unas primarias reguladas en la ley-, y luego de ese intenso ejercicio democrático, se nos vendrán las elecciones de parlamentarios y de Presidente de la República. Todo ello bajo la sospecha acerca de lo representativo del sistema electoral binominal, y además, inmersos en esta modalidad profundamente respetuosa de las libertades políticas, como es la voluntariedad de la emisión del voto por parte de los ciudadanos.

Es decir, 2013 debiera ser un año políticamente novedoso y desafiante desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones democráticas.

Pero además, será un período muy importante para el futuro del país, concretamente, para el futuro de su desarrollo energético. Esa debiera ser una razón más que suficiente como para que los candidatos a la elección que sea se presentaren, se dispusieran a abordar este tema con más que una prudente responsabilidad.

Es ciertamente previsible que esa necesaria prudencia no será un valor siempre presente en campañas tan intensas como las que se presume habrá el año que se nos viene, pero hoy el país se encuentra en un punto de quiebre, si se quiere una situación límite en materia de su provisión energética, y por lo mismo, el primer compromiso que los candidatos debieran asumir con ellos mismos y con el país es no ofrecer promesas vinculadas con la no realización de proyectos eléctricos determinados, sino que, por el contrario, comprometer la aplicación del derecho a todos los proyectos que se pretenda realizar; de modo tal, que si superan las exigencias que la ley ha establecido, puedan implementarse sin que ello dependa de la voluntad política de alguna autoridad de turno.

Chile lleva, al menos, 12 años de crisis energética sostenida y no aparece la luz al final de la maraña de trabas, regulaciones y conflictos que nos hemos autoconferido. Es francamente irracional que las mejores normas de la actividad económica eléctrica, las más aplicadas y con mayor éxito, sean precisamente las que regulan el racionamiento; es decir, aquellas que establecen el modo de abastecer del mejor modo a la población bajo situaciones de estrechez energética.

Llevamos largos períodos bajo la vigencia permanente de decretos de racionamiento. Pronto, los mayores costos de la energía a nivel de su producción-transporte se irán transfiriendo a los consumidores, y luego que ello ocurra, el problema se hará acuciante para las autoridades políticas, pues ya tendrá un componente social negativo, consistente en la afectación a los bolsillos de las personas y a la economía de las familias.

El tema de la provisión de energía en Chile no es uno que requiera de un acuerdo nacional. Cuesta entender a qué se han referido ministros y actores políticos cuando citan ese doble concepto, como el indispensable para resolver la falta de inversión en energía, pues la nación se pone de acuerdo, por medio del voto, en los líderes a cargo de la responsabilidad de adoptar las mejores políticas públicas.

Somos testigos de que llevamos años, simplemente, hablando de un acuerdo nacional abstracto, imposible de definir, de concretar. Lo que se requiere es un acuerdo político, liderazgo político, para lograr ese acuerdo y dar vigencia a las regulaciones indispensables para que los proyectos energéticos se puedan concretar a la par, si fuere necesario, de postergar las regulaciones que traban la implementación de inversiones energéticas, el desarrollo y explotación sustentable de nuestros recursos naturales, especialmente el agua existente en los ríos del sur del país.

Dada la seriedad de la crisis que existe en esta materia, es razonable exigir de los candidatos un primer acuerdo político; éste es, dar cabida al valor de la prudencia y no referirse ni a favor ni en contra, dar por vivo o muerto a proyectos específicos, pues ello arrastra muchas veces, si no obligaciones, al menos compromisos que, a la larga, cuestan caro al país y a su población.

Un segundo acuerdo político, dar efectiva prioridad a la explotación sustentable de nuestros recursos naturales, allanar y despejar, identificándolas, las trabas regulatorias que hacen en extremo difícil la construcción de líneas transmisoras de energía en enormes porciones territoriales. El tercero, legislar pensando en Chile, en su desarrollo, en las generaciones que vienen. El tema de la energía ya no da para gustitos demagógicos, ventajas ni reproches políticos; su solución requiere de estadistas.

Eugenio Evans es abogado de la Universidad Católica y magíster en Derecho Constitucional. Socio del estudio Fermandois, Evans y Cía.

Publicado originalmente en El Mercurio, 24 de noviembre de 2012

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