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Decisiones que van marcando el rumbo del desarrollo eléctrico en Chile – 2/3

Rechazo a la construcción de la central Castilla

El otro evento que disparó una discusión de fondo del desarrollo eléctrico y la forma como se aborda los temas energéticos a nivel país fue el rechazo por parte de la Corte Suprema (CS) a la construcción de Castilla, proyecto de central termoeléctrica a carbón con una potencia de 2.100 MW, con 6 unidades a carbón y 2 diesel de respaldo.

El conflicto se inició en febrero de 2010 cuando la Seremi de Salud de Atacama, dentro del procedimiento de evaluación ambiental, calificó al Proyecto Castilla como “contaminante”, según las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo cual hacía inviable el desarrollo del proyecto en ese lugar. Según el Plan Regulador de Copiapó, el sector donde se emplazaría el proyecto admite, como uso de suelo permitido, la instalación de industria e infraestructura energética cuya calificación sea a lo más “inofensiva” o “molesta”. Ante esto, el titular del proyecto solicitó la suspensión del procedimiento de evaluación ambiental e interpuso un recurso de reposición y jerárquico en contra del Informe Consolidado de Evaluación del proyecto. Luego de ser acogido el recurso extraordinario de revisión, en julio de 2010, la autoridad sanitaria modificó la calificación del proyecto de “contaminante” a “molesto”, con lo cual se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental, autorizando la construcción de la central. Ante esta situación, en marzo de 2011 un grupo de opositores al proyecto interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Un año después dicha Corte falló en contra de la construcción de la central, obligando a anular la resolución emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental. Central Castilla apeló ante la Corte Suprema, la cual finalmente rechazó la construcción de la central el pasado 28 de agosto, estableciendo que hubo ilegalidades en su aprobación inicial, en cuanto:

• Haber presentado el puerto y la central de forma separada a la evaluación ambiental.

• No haber sometido a estudio la conexión entre ambas partes.

• Que se haya cambiado la calificación de industria “contaminante” a “molesta”.

El fallo de la CS ha sido fuente de polémicas a nivel nacional, con grupos a través de la prensa apoyando el fallo y otros cuestionándolo, y de hecho planteándose abiertamente un conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La crítica más importante se centró en un cuestionamiento de las capacidades técnicas de la CS, argumentando que ella se habría atribuido la calidad de experto técnico y gestor de política pública, realizando una evaluación directa y determinando la forma en que se debe realizar la evaluación ambiental de proyectos. Más aún, se afirmó que la CS estaría interfiriendo en el rol del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de calificar ambientalmente un proyecto, al no aceptar la calificación industrial de “molesta”. Además, se planteó que la CS estaría innovando en los procedimientos ambientales, al cuestionar el fraccionamiento del proyecto, lo cual no está prohibido, salvo cuando se utiliza como una manera de no ingresar alguna de las partes del proyecto al SEA, lo que no sería el caso. También se afirmó que el fallo debilitaba la institucionalidad ambiental y cambiaba las reglas del juego, creando incertidumbres para futuros inversionistas, al tener que someter proyectos de inversión a reglas no escritas, pues dentro de la misma CS existirían criterios muy distintos para abordar cada asunto.

Sin pronunciarse sobre la validez o no de estas críticas, es claro que los procesos judiciales recientes, vía recursos de protección contra aprobaciones ambientales, están impactando el desarrollo de la nueva institucionalidad ambiental, aún no del todo consolidada. La futura creación de los Tribunales Ambientales (TA) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), junto a la promulgación del nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debieran ayudar, con sólidas bases técnicas, a resolver los conflictos ambientales, en rigor apoyando el accionar de la Corte Suprema, cuando le corresponda intervenir. Será central el fortalecer la nueva institucionalidad CS-TA-SMA, evitando que acciones legales paralelas busquen divorciar el planteamiento de controversias ambientales ante los TA de los recursos de protección ante la CS.

Pero el problema central de desarrollo energético que enfrenta el país, ejemplificado en el proyecto Castilla, en rigor no es judicial, no es técnico, no es económico; es social y político. Entendiendo que hay que fortalecer la nueva institucionalidad ambiental, la solución a la conflictividad en el desarrollo de la infraestructura energética pasa por crear mecanismos efectivos de participación ciudadana (hoy toda preocupación social se canaliza a través de los estudios de evaluación ambiental), instrumentos de información y educación a la ciudadanía de las alternativas energéticas y sus costos e impactos, y, por último, esquemas de participación en los beneficios. Es necesario que las regiones y las comunidades locales puedan compartir algo de la mayor riqueza que se logra en la metrópoli y en la industria y la minería con estos recursos. Son grandes los desafíos, sobre todo si para abordarlos se necesita superar diálogos de sordos, y lograr un acuerdo político transversal.

Por Systep, consultora chilena altamente especializada en el campo de los estudios técnicos y económicos del sector energético.

Categories: Política Energética
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