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El “Supremazo” y el fin de la política energética de Piñera

El fallo de la Corte Suprema sobre la Central Castilla va a ser recordado como el fin de las políticas energéticas del gobierno de Piñera.

No porque el fallo liquide el proyecto Castilla, porque en realidad no lo hace, sino que cuestiona el modo en que fue aprobado. Más aun, plantea que debiera ser presentado de nuevo para ser evaluado en conjunto con el puerto.

La existencia de Castilla, u otra central similar, queda entonces en manos de privados, ya sea de MPX, o de otro actor que se muestre interesado en la región con más crecimiento en la inversión minera, y por tanto más ávida de energía eléctrica.

Curiosamente el fallo, en vez de abrir una reflexión sobre cómo mejorar la institucionalidad para evaluar cosas tan complejas como centrales termoeléctricas, abrió un debate ideológico, donde primaron las ideas por sobre los datos concretos: por un lado, hubo quienes vieron en este fallo un golpe a la inversión con consecuencias catastróficas en el desarrollo, en especial en la minería, mientras que otros vieron el triunfo de un mundo sin combustibles fósiles, una utopía en estos tiempos tan prácticos y difíciles.

Vamos a los hechos. Vivimos niveles de crecimiento impresionantes, dados principalmente por el alto precio de nuestros recursos naturales, en especial la minería, y por una demanda de China que, al menos, en el corto plazo parece no disminuir.

Y en efecto, los precios de la energía en Chile han ido aumentando con el tiempo, lo que favorece no a los nuevos entrantes, sino a los actores más importantes del mercado, que tendrán mejores márgenes. No es casualidad que el índice Utilities de la bolsa, formado principalmente por las empresas eléctricas, medido al 29 de junio ha tenido una caída de sólo un 1,34%, muy por debajo de la caída del 7,8% del IPSA, pese a las volatilidad de los papeles de Enersis, por el bullado caso del aumento de capital.

Proyectar nuevas inversiones requiere también seriedad institucional, lo que a este gobierno le ha faltado. Desde el telefonazo del Presidente de la República para cambiar de ubicación el Proyecto Barrancones, pasando por encima de la institucionalidad, las cosas se han hecho mal.

Si el Barrancones tenía problemas y dañaba el derecho a vivir en un medio ambiente sano, eran el Consejo de Ministros y los tribunales los que tenían que resolver al respecto, como ocurrió en Castilla, y no el blackberry de la primera autoridad.

En Castilla, como reflexiona la Corte Suprema, el cambio abrupto de calificación de contaminante a molesto efectuado por el nuevo Seremi de Salud de la Región de Atacama tampoco es señal de seriedad. Como por cierto, tampoco lo es que en 2 años y medio hayamos tenido cuatro ministros de Energía. La propia capacidad técnica de los ministros hace sospechar que no es en esa repartición donde están los problemas, sino en La Moneda.

Pero donde hay demanda, necesariamente habrá oferta de energía eléctrica. Nuestra realidad, al menos, en el norte es muy similar a Australia, donde el 77% de la energía viene de plantas a carbón. No es casualidad que haya similitudes en el clima y en la actividad económica. Y con los precios actuales del cobre, seguiremos con el dilema. O simplemente cerramos la minería.

Y si bien Chile debe hacer una apuesta profunda a las energías renovables no convencionales, éstas también requieren de un marco institucional distinto que permita la inversión. Dada nuestra naturaleza, las más prometedoras son la geotermia y las minihidroeléctricas, pero en ambos casos, también hay polémica. Cabe recordar lo ocurrido con la exploración en el sector de El Tatio y respecto a las centrales de paso, los proyectos que se han presentado, han enfrentado también oposiciones locales, muchas veces de los mismos que claman por más ERNC en nuestra matriz.

Incluso centrales eólicas han debido bregar con fuerza por instalarse. Recientemente un fallo de la corte suprema echó abajo un proyecto en Chiloé por estar en contradicción con el Convenio 169, que obliga a consultar a los pueblos originarios sobre los proyectos en sus áreas.

E incluso, si aún alcanzáramos el monto de un 20% que se ha puesto en el tapete, seguimos con el dilema del carbón. Al menos hoy en día, no es posible abastecer a los nuevos proyectos mineros sólo con energía solar, en parte por los costos, pero también por la propia naturaleza de dicha energía, que tiene bajos factores de planta, lo que no permite ocuparlas de manera continua.

Gordon Gekko dice en la segunda parte de Wall Street, que sospecha que las energías verdes pueden ser la nueva burbuja, y algo de cierto hay en ello. Y el fin de los estudios en materia nuclear, en el clima de terror que se instaló después de Fukushima, le coloca más problemas a nuestra solución energética.

Golborne, durante su breve paso por el Ministerio de Energía, dijo en algún momento que había recibido muchos “no” a todo tipo de energía, pero pocas propuestas de alternativas que tuvieran algún asidero técnico. Y tiene razón. El debate está ideologizado.

Una de las primeras medidas que anunció Longueira como ministro de Economía es un 20-20-20, que implica que en el año 2020, el 20% de la energía vendrá de fuentes renovables no convencionales y que ningún actor tendrá más del 20% del mercado. Las palabras posteriores de Longueira y de los ministros de Energía fueron en un sentido distintos.

El Senado tomó la iniciativa entonces y armó su propio proyecto, el que está para discutirse en la Cámara de Diputados, que tendrá que tomar una difícil decisión. El Gobierno tendrá que ver si le formula indicaciones, cargando con el costo político, o seguir que fluya la discusión mirando al techo y traspasando la pelota al que viene.

Entonces parece que los propios corcoveos del gobierno han llevado a una ecuación sin solución. Mal que mal, si no se realizan las inversiones hoy, los riesgos reales de apagón o costos que no se puedan pagar no estarán durante esta administración, sino en la que viene.

Tarde o temprano, tendremos entonces más centrales a carbón. Y la pregunta es ¿qué hacemos para instalarla, enfrentar los costos políticos asociados a éstas, y administrar una institucionalidad que quedó golpeada después del fallo de la Suprema? El fallo tiene duros juicios acerca de la capacidad de los organismos evaluadores de aplicar correctamente la ley. No se ve fuerza en este gobierno para poder resolver estos dilemas. Pero alguien debe tomar el toro por las astas.

Tan estratégico es este asunto en el desarrollo de una nación, que Lenin definía al comunismo —en los inicios del Estado Soviético— como el poder de los soviets más la electrificación de todo el país.

Algo parecido sucede en nuestro país, donde el camino al desarrollo debe pasar por resolver muchos de nuestros problemas de desigualdad y de acceso igualitario a la educación de todos los chilenos, pero al igual que el problema de Lenin, pasa también por resolver los problemas de nuestra ecuación eléctrica.

El gobierno ha anunciado la carretera eléctrica en un acto comunicacional que tuvo mucho aroma a disculpas después del desastre de Castilla. Si bien la opinión pública no conoce el proyecto en su integridad, los temas que han salido a la luz pública hacen temer otro desastre como los que ha vivido el país en materia de institucionalidad.

Se anuncia en el proyecto que un consultor propondrá un trazado óptimo, el que será analizado por un comité interministerial, que propondrá al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que deberá resolverlo.

¿Dónde queda la evaluación ambiental? Según la ley vigente, deberá ser el propio Consejo de Ministros que tome la determinación. O sea, estará decidiendo sobre un proyecto que el mismo consejo propone. Y por cierto, la actual ley obliga a evaluar ambientalmente las líneas de transmisión, sin indicar si son carretera eléctrica, o proyectos asociados a una generadora en particular.

¿Qué pasará con la aplicación del Convenio 169, en aquellos lugares donde la carretera eléctrica atraviese zonas donde viven pueblos originarios?, ¿cómo se tendrá en cuenta la Ley de Bosque Nativo, si la actual ley exige tener antes un plan de manejo?

Peor aún, la línea se considera que atraviesa la Patagonia. Como es sabido, Hidroaysén requiere una línea especial de corriente continua, para evitar las pérdidas, que se conecte en otro punto al Sistema Interconectado Central. Si hay un ligero aroma a una solución para facilitar Hidroaysén, eludiendo la complejidad de evaluar dicha línea, arderá Troya en el Congreso y es de esperar otro supremazo.

Si este proyecto fracasa, será el canto de cisne de un gobierno que no tiene mucho que decir en materia energética.

Por Carlos Correa, Gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción Consultores.

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