image description

Inicio > Política Energética > Voluntad de avanzar en proyectos eléctricos

Voluntad de avanzar en proyectos eléctricos

protesta-hidroaysenEl debate surgido a partir de la decisión de la empresa Colbún de suspender la tramitación de la línea de transmisión de HydroAysén ayuda a entender las causas de la parálisis que amenaza los proyectos que se están impulsando para cubrir la demanda de energía eléctrica que enfrentará el país en los próximos años.

Una de las hipótesis que se han esgrimido para explicar estos retrasos es que existirían vacíos regulatorios o legislativos que impedirían avanzar con celeridad en los proyectos, pero lo cierto es que los expertos han fundamentado que, no obstante ser perfectible, el sistema regulatorio vigente contiene las bases y procedimientos para llevar adelante los proyectos. Más aún, tanto esas regulaciones técnicas como las de otras áreas relacionadas -ambientales o relativas a derechos de aguas, por ejemplo- han sido objeto de ajustes recientes orientados en buena medida a dar condiciones apropiadas a la inversión en el sector. Por esa razón, lo que surge como la primera razón del retraso de los proyectos es la falta de decisión de la autoridad para destrabar los trámites requeridos, principalmente por la reticencia a enfrentar a los grupos de presión -desde las comunidades locales a los grupos ambientalistas- y asumir los costos de popularidad que eso puede significar.

Conviene tener presente que en la aprobación de tratados internacionales elaborados en el extranjero, por ejemplo en lo referido al tratamiento de las comunidades indígenas, han quedado espacios amplios de discrecionalidad en los criterios para definir los intereses en pugna, lo que incentiva la presión en demanda de las pretensiones sectoriales y termina trasladando a los tribunales, de manera inconveniente, la definición de temas técnicos. Las aprensiones que generaban esas regulaciones se han visto así confirmadas en la práctica y eso debería ser tomado en consideración por el Congreso para introducir cambios que den más certeza.

A la explicación ya señalada, el gobierno ha agregado otra -en palabras del propio Presidente de la República- que es la creciente judicialización de la tramitación de los proyectos, donde los tribunales de justicia parecen no apreciar en su justa medida los intereses específicos que se pretende cautelar, con los daños que ocasionará la falta de nuevos proyectos de generación eléctrica. Así, como muchas veces se alega que es necesario otorgar a los tribunales un espacio más amplio para interpretar el derecho en forma armónica, lo que puede estar ocurriendo es que esa interpretación no considere aspectos esenciales para el bien común. Una solución es que el legislador establezca esos criterios de manera más clara y precisa en los cuerpos legales respectivos.

La propuesta que se ha esbozado de que la solución sería que el Estado entrara a participar en la propiedad de los proyectos energéticos prioritarios pone de manifiesto la gravedad de la parálisis descrita. El país ha recorrido un largo camino en el sentido contrario; esto es, de reservar al Estado un rol de establecer y supervisar reglas claras, más que entrar a participar directamente en la actividad productiva. El reingreso del Estado a la producción de energía sólo agravaría el problema, incrementando el espacio a las decisiones por consideraciones ajenas a los criterios técnicos razonables, cuya aplicación es la única forma de destrabar una situación que puede afectar gravemente el desarrollo económico y social de Chile.

Publicado en La Tercera, 6 de junio de 2012

Categories: Política Energética
  1. Sin comentarios aún.
  1. Sin trackbacks aún.