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Decisión lamentable, pero esperada

Para los que trabajamos parte importante de nuestras vidas en Endesa, la construcción de grandes, medianas o pequeñas centrales hidráulicas era la aplicación práctica del Plan de Electrificación del país aprobado por la Corfo en los años 40, y no nos extrañó que en el lapso de 60 años, entre 1944 y 2004, fecha de funcionamiento de las centrales Pilmaiquén y Ralco, respectivamente, Endesa y algunas de sus filiales construyeron y pusieron en servicio 15 centrales hidráulicas de pasada o de embalse, con una capacidad instalada de 3.818,800 KW; o sea, una central hidráulica cada cuatro años, y un servicio de transmisión interconectado desde Taltal hasta la isla de Chiloé, lo que permitió que el país se desarrollara sin problemas de abastecimiento energético, y, curiosamente, sin que se hayan conocido críticas fundadas de haberse afectado el medio ambiente.

Desgraciadamente, desde el desarrollo de las centrales Pangue y Ralco se iniciaron los problemas para la construcción de centrales hidráulicas y en especial de embalse, por la oposición de las etnias pehuenches y las que causaron ideólogos “progresistas”, una de las cuales desde la Comisión de Energía llegó a sostener públicamente que esperaba que Ralco fuese la última central de embalse que se construyera en el país. Desde que se inició el proyecto de HidroAysén, con una potencia de 2.750 MW y con la posibilidad de entregar al país una cantidad enorme de energía para su desarrollo, a través de cinco centrales de embalse que inundarían un total de 5.900 hectáreas que corresponderían al 0,00054% de la superficie de la Región de Aysén (108.494 Km {+2} ), -aguas que de no utilizarse en la generación eléctrica se perderían en el mar-, y una línea de transmisión de corriente continua (sólo con un cable y no como las torres que vemos en la zona central del país), han recrudecido los ataques inclementes de los “progresistas”, “verdes”, “ambientalistas”, y de “extranjeros”, sin reparar que de no realizarse este proyecto habría que recurrir urgentemente a soluciones más contaminantes y con el consiguiente encarecimiento de la energía.

Adicionalmente, todas estas oposiciones que se han fundado en la actual ley del Medio Ambiente, que exige, como lo ha denunciado un ex ministro de Energía, obtener 59 permisos de diversa índole de 22 organismos públicos diferentes, 39 de los cuales sólo pueden solicitarse si previamente existe una aprobación ambiental, responder miles y miles de preguntas, muchas de ellas absolutamente inconducentes, todo lo cual ha retardado la implementación del proyecto por varios años, y tener que defender sus derechos ante los tribunales de justicia por la judicialización del problema por los recursos de diversa índole que se han interpuesto. Lejos están los tiempos en que cada cuatro años una central hidroeléctrica podía entrar a funcionar.

A tanto ha llegado el encono en contra de este proyecto que sus enemigos no han trepidado en acusar gravemente a distinguidos miembros de la Corte Suprema por el solo hecho de no haberse inhabilitado para conocer de un recurso interpuesto en circunstancias que no existía causal de ningún tipo para invocarla.

Al mismo tiempo que se ha demorado la tramitación del proyecto HidroAysén por todas estas maquinaciones, también se han atrasado otros proyectos, lo que deja al país al borde de un racionamiento o de un colapso del sistema eléctrico, porque desde la Central Ralco en 2004 no ha existido un proyecto de importancia. Hay que recordar que los especialistas señalan que cuando se crece al 7% en el consumo eléctrico, hay que duplicar la capacidad de generación en diez años.

No ha favorecido tampoco al desarrollo de este proyecto la falta de visión del Poder Ejecutivo, que en estos últimos dos años y meses ha tenido una rotativa de ministros al frente del Ministerio de Energía, lo que les ha restado continuidad a sus políticas, sin contar con la desacertada actuación del Presidente de la República en el caso de la Central Termoeléctrica Barrancones en la IV Región, en circunstancias que de estar aprobada por la autoridad ambiental regional la construcción de aquella central, una intervención personal de aquél hizo que el representante de Suez Energy retirara el proyecto a mediados de 2010, y que de haberse ejecutado daría al Sistema Interconectado Central 480.000 KW adicionales y hoy día podría estar en pleno proceso de construcción.

La decisión de la empresa Colbún de suspender la tramitación ambiental de la línea de transmisión es lamentable, pero comprensible, porque además, como se ha demorado negligentemente la construcción de los pocos kilómetros que faltan para conectar Aysén con la Décima Región, aún no se puede determinar si la línea de transmisión de corriente continua se ejecutará totalmente por tierra o en una parte importante por el mar mediante cable submarino, este último tramo con un costo altísimo. Es una decisión que muchas personas que entienden del problema estimaban que podría producirse en cualquier momento, porque no ha existido el apoyo que este proyecto debía recibir de las autoridades y de los chilenos.

Ojalá que esta decisión no sea definitiva, y se solucionen los problemas que afectan a los proyectos hidro y termoeléctricos, porque siempre existe el peligro de que el inversionista, si se ve acosado y denigrado por los “ambientalistas”, “verdes”, “progresistas” y otros “extranjeros”, decida invertir en otro país, como Perú, que está proyectando enormes desarrollos hidráulicos en su territorio, con el más pleno y decidido apoyo de su gobierno.

José Luis Pérez Zañartu fue asesor jurídico de Endesa y ministro de la corte suprema entre 1998 y 2006.

Publicado originalmente en El Mercurio, 4 de junio de 2012

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