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Energía: necesidad de reorientar el debate

protesta-hidroaysenEl debate sobre el tema energético nacional tiende a desarrollarse de modo fragmentado, sin una visión de conjunto que relacione las diversas aristas del problema. Resulta de allí una visión incompleta de los desafíos y dilemas que el país enfrenta y, en consecuencia, las proposiciones para abordarlo no se hacen cargo del tema de manera integral.

Chile tiene necesidades energéticas para sostener el ritmo de desarrollo acelerado al que aspira y que permitiría otorgar a sus ciudadanos los niveles de vida que éstos reclaman, pero simultáneamente enfrenta a no pocos de esos mismos ciudadanos, quienes se organizan para impedir que los proyectos energéticos presentados puedan ejecutarse. En principio, eso no debería llamar la atención, pues pertenece a los normales disensos en sociedades abiertas y democráticas como la chilena, y que la institucionalidad que el país se ha dado es la llamada a procesar. Sin embargo, se echa de menos un mínimo de coherencia y consistencia en la argumentación utilizada.

Por ejemplo, proyectos de generación eléctrica basados en combustibles fósiles, como Castilla, mueven a las autoridades del municipio donde él se ubica a intentar modificar el uso del suelo en esa zona para impedir que se pueda construir, pero, simultáneamente, proyectos hidroeléctricos como HidroAysén o Río Cuervo, que evitan el uso de esos combustibles, también son llevados a la justicia para impedir su construcción. ¿Qué se busca? ¿Que no se queme carbón y que no se genere hidroelectricidad, pero que simultáneamente la energía sea más barata y esté siempre disponible? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se desarrolla el país, se combate la pobreza y se crean más fuentes de empleo sin generar más energía que sostenga ese proceso?

Algunos grupos políticos que se oponen a las centrales térmicas en nuestro país aplauden la nacionalización de YPF en Argentina, cuyo gobierno ha declarado que quiere que se aumente su producción y consumo. Así, aprueban una medida que conducirá a un incremento en la quema de combustibles fósiles en otro país, pero combaten el que eso ocurra en el nuestro. Más aún, la oposición a las centrales hidroeléctricas de quienes se declaran ambientalistas se traducirá en una mayor proporción de generación eléctrica térmica, lo que aumentará la generación de gases efecto invernadero -justamente lo que los ambientalistas desean evitar.

Mientras ese debate transcurre con tales incongruencias, en los últimos nueve años el país ha visto crecer cinco veces el valor de la importación de petróleo y bencina -gastó en eso casi 14 mil millones de dólares en 2011-, pese a que el precio internacional ha subido sólo tres veces. Esto ha sido el resultado de un aumento del parque automotor de todo tipo -superó ya los 3,5 millones de unidades en 2011- y de la mayor generación térmica que se ha debido introducir en este período. Esa alza en el consumo podría haber sido aún mayor si se hubiesen eliminado los impuestos específicos a los combustibles, como algunos solicitan con insistencia. Por el contrario, la propuesta conjunta de reforma tributaria de CEP-Cieplan no sólo contempla mantenerlos, sino además incrementar los del diésel, que a pesar de ser más contaminante, hoy son sustancialmente menores, debido a que en el pasado grupos de presión se encargaron de conseguirlos.

De ahí que la acción del Gobierno en materia energética deba ser coherente en su lógica y favorecer a las mayorías: ha de procurar el progreso que los ciudadanos buscan, pero sin ceder a los grupos de presión. Es una tarea muy difícil, pero que produce importantes frutos, aunque ellos no siempre se vean en el corto plazo.

Publicado en El Mercurio, 18 de mayo de 2012.

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