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El caso Castilla

En éstos días se ha conocido una nueva y singular etapa en la calificación ambiental del proyecto termoeléctrico “Central Castilla”. Recordemos que en 2010 el seremi de Salud de la Región de Atacama dió a Castilla la calificación industrial de “contaminante”, aludiendo a que la calidad de aire, con las seis unidades operando, llegaba a 91% de la norma primaria de calidad de aire para NO2, y podía llegar a generar episodios de latencia o saturación.

Posteriormente, de acuerdo con análisis realizados por las universidades de Chile y Católica, el valor correcto para el parámetro NO2 resultó ser de 63%. Con estos antecedentes, el nuevo seremi, el 2011, enmendó el error y procedió a calificar el proyecto de actividad industrial como “molesta”, que corresponde a la calificación con que cuentan la mayoría de las centrales termoeléctricas en Chile.

Sin embargo, en un nuevo capítulo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta invalidó la citada resolución del seremi del año pasado, recalificando el proyecto como “contaminante”. Lo insólito es que para justificar su decisión, no utilizó la Ley de Bases del Medioambiente promulgada para estos fines en 1991, sino que utilizó una norma de urbanismo y construcción que define la calidad de contaminante, molesto, inofensivo o peligroso de una industria.

Lo paradójico de lo ocurrido es que se reemplazan las funciones y procesos administrativos medioambientales regidos por normas y conocimientos técnicos, por la decisión de un tribunal de justicia que basa su pronunciamiento en normas subjetivas no medibles. La definición de “molesto” o “contaminante” de un proyecto es una responsabilidad que recae sobre los organismos administrativos respectivos y no sobre los tribunales de justicia, toda vez que aquéllos son los entes especializados para pronunciarse precisamente sobre dichos aspectos, pues éstos no tienen el conocimiento técnico para hacerlo. A los tribunales de justicia les correspondería declarar si un procedimiento se adecuó o no a las leyes vigentes. Además, el fallo entra en contradicciones, pues declara nulo el cambio de definición, pero vuelve a la anterior, determinada de la misma forma que la actual, pero con error.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta sienta un precedente para vetar proyectos termoeléctricos que estén siendo diligentes en procesos de calificación ambiental, lo cual pone una sombra de duda en la planificación de las inversiones y el debido proceso para tramitarlas, más aún después de lo acontecido con el proyecto Barrancones. Continuar por esta senda no sólo coloca en riesgo el abastecimiento seguro de energía eléctrica, sino también el crecimiento del país.

Es indudable que esto frena el crecimiento y a la larga los más perjudicados son los más pobres. Necesitamos energía para crecer y superar la pobreza. Para ello debemos utilizar todas las fuentes disponibles y económicas, como el carbón, que bien utilizado y cumpliendo la estricta normativa que nos hemos impuesto en Chile para las centrales termoeléctricas, no debería afectar nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Por María Isabel González, Gerenta General de la consultora Energética y ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

  1. Rodrigo
    25/06/12 a las 22:02 | #1

    estimada,

    usted habla de crecimiento,¿ y donde queda el desarrollo de la sociedad?, acaso no es hora de cambiar desde el paradigma economico? y la ultima pregunta, si la central es segura como dice, ¿Estaria dispuesta a tener la central en el patio de su casa? pienselo…….

  2. Felipe Escobar
    29/03/12 a las 10:19 | #2

    Estimados
    Más que comentario, quisiera entrega como antecedente esta carta enviada a diario La Tercera.
    http://diario.latercera.com/2012/03/29/01/contenido/opinion/11-104943-9-el-caso-castilla.shtml

    —-

    Señor director:

    En su columna “El caso Castilla” publicada el lunes, María Isabel González hace algunas afirmaciones incorrectas que me parecen de carácter grave. Todas ellas se encuentran en el párrafo: “Posteriormente, de acuerdo con análisis realizados por las universidades de Chile y Católica, el valor correcto para el parámetro NO2 resultó ser de 63%. Con estos antecedentes, el nuevo seremi, el 2011, enmendó el error y procedió a calificar el proyecto de actividad industrial como “molesta”, que corresponde a la calificación con que cuentan la mayoría de las centrales termoeléctricas en Chile”.

    Consultada por mí, me confirmó que ella se refiere con este “análisis de la Universidad de Chile” a uno que había elaborado yo.

    En consecuencia, quiero aclarar que el análisis lo hice explícitamente a nombre mío y sin vincular de ninguna manera a la Universidad de Chile. Además, la cifra que ella entrega no aparece en mi análisis.

    Finalmente, a mi entender, mi análisis no fue un antecedente, en ningún momento, para que el nuevo seremi calificara el proyecto como molesto.

    A simple vista la columnista no hizo ningún esfuerzo en usar mi análisis en forma correcta y, además, entrega información falsa con el fin, a mi juicio, de hacer valer su punto de vista.

    Rainer Schmitz

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