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Cuenta Pública 21 de Mayo: Anuncios en Energía y Medio Ambiente

discurso 2 mayo 2011En su segunda cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera hizo un balance de su primer año de Gobierno, refiriéndose en particular a los logros alcanzados en los siete ejes que anunció el 21 de mayo pasado (crecimiento, empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, pobreza y democracia). Se refirió también a otros temas de relevancia para el Gobierno, como la cultura, deporte, familia, indígenas, derechos humanos, relaciones exteriores y defensa, entre otros.

Entre lo más comentado estuvieron las menciones y anuncios realizados en materia de energía, aunque también resultaron importantes las alusiones al tema medioambiental. En relación a esto último, el Presidente afirmó que “el crecimiento y el cuidado del medio ambiente, lejos de competir, son objetivos complementarios”, algo que resulta plenamente acertado.

En efecto, es sorprendente constatar que en el debate público prima la idea de que el desarrollo económico -tan necesario para el crecimiento y la superación de la pobreza- se encuentra en constante tensión con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, como vivir en un ambiente limpio y respetuoso de la flora y la fauna es un bien deseable, es esperable que en la medida que aumenta el nivel de desarrollo, mejore el acceso a aquello que la sociedad valora, como el medio ambiente. Eso es precisamente lo que se observa en países de mayores ingresos. Visto de esta forma, y contrario a la percepción de algunos, cada vez que se detiene un proyecto productivo se restan puntos de desarrollo que podrían haber generado más cuidado del medioambiente.

El Presidente se refirió brevemente a los logros del año 2010 en materia medioambiental, destacando la puesta en marcha de una nueva institucionalidad, que incluye el Ministerio del Medio Ambiente, un nuevo Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. A ellos se sumarían prontamente los nuevos Tribunales Ambientales y, más adelante, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Hizo mención también a la creación del Parque Marino Motu Motiro Hiva, de 150 mil kms2, y a la dictación de una nueva normativa en materia de emisiones de plantas termoeléctricas y de calidad del aire, incluyendo el material particulado 2,5. Adicionalmente, el Presidente se refirió a otras medidas y programas, como planes de descontaminación, incentivos para el uso de vehículos eléctricos o híbridos, el estudio de una nueva norma ambiental para calefactores a leña y el programa de recambio de calefactores, entre otros.

Pero es en materia energética donde se había generado mayor expectación, producto de las violentas manifestaciones tras la aprobación del estudio de impacto ambiental para la construcción de las cinco centrales de HidroAysén. Ello creó un ambiente bastante beligerante, tanto dentro como fuera del Congreso durante la jornada de la cuenta pública. El Presidente Piñera hizo alusión a las necesidades energéticas que tendrá el país para seguir creciendo, lo que dados los plazos involucrados en la puesta en marcha de las distintas centrales, importa una obligación para la autoridad de tomar decisiones con la debida antelación. En este contexto, habló también de la necesidad de “compatibilizar la generación de la energía necesaria con la igualmente necesaria protección de nuestro medio ambiente”.

Respecto de la tecnología nuclear, el Presidente manifestó que sólo será estudiada, pero no será planificada ni construida durante su mandato. A su vez, señaló que la prioridad de su Gobierno estará en la eficiencia energética y la generación de energías limpias y renovables, para cuyo estudio e investigación ya se han dispuesto fondos por US$ 85 millones. En todo caso, fue claro en señalar que las energías renovables no convencionales no son la solución para el futuro -recordemos que en el grupo de países más ricos, la OECD, sólo representan un 4% de la matriz energética-, por lo que indicó que “no podemos renunciar a la energía térmica ni hidráulica” para seguir creciendo y superar con ello la pobreza. El Presidente aludió en particular a la disponibilidad de agua que tiene Chile para la generación eléctrica y al hecho que la generación hidroeléctrica es más económica, aspecto relevante cuando se constatan los altos precios relativos que tiene la energía eléctrica en el país.

Por otra parte, el Presidente se refirió a la necesidad de contar con una política de Estado en materia de transmisión y distribución de energía. Instó a la recién conformada Comisión Asesora para el Desarrollo Energético a concordar esta política, analizando temas tales como la construcción de megalíneas de transmisión y la interconexión entre los sistemas eléctricos del norte grande y del centro sur (SING-SIC), y contemplar también la posibilidad de una carretera eléctrica pública de acceso abierto, además de la posibilidad de crear un multicarrier eléctrico. Nos referiremos en particular a estos dos últimos anuncios, dada su relevancia para el sistema eléctrico y su amplia cobertura en los medios.

Carretera Eléctrica

El Presidente anunció que se estudiará la posibilidad de establecer “una carretera eléctrica pública, de acceso abierto, que permita a múltiples generadores, incluyendo mini y medianas hidroeléctricas, solares, eólicas, y a futuro geotérmicas y mareomotrices, como también a distribuidoras y consumidores, integrarse al Sistema Interconectado Nacional”. Lo anterior ha generado bastante especulación, dado que no se conocieron más detalles de lo que ello significa. En entrevistas posteriores, el Biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne ha señalado que la carretera eléctrica podría introducir una mayor competencia en la generación al permitir la construcción de una línea de transmisión eléctrica paralela a la existente. Ello, por cuanto las necesidades energéticas del país -que involucran duplicar la matriz en los próximos 10 a 15 años- requerirán de la edificación de más líneas en el tiempo, pues no bastaría con reforzar las actuales.

Ahora bien, la propuesta no pareciera apuntar a que sea el Estado quien vaya a construir las líneas de transmisión. Lo razonable es que se trate más bien de la constitución de una franja de terreno o servidumbre, donde el Estado expropie los terrenos a particulares y concesione al sector privado la construcción de redes de transmisión, con acceso abierto para que cualquier proyecto pueda hacer uso de esas líneas de transmisión. En este contexto, la modalidad seguida probablemente sería la misma a la actualmente vigente, donde se licita la construcción del tendido y se paga un peaje por su uso. Sin embargo, a diferencia de la situación actual, al licitar a los privados la construcción de las líneas ya estarían otorgados los derechos de paso en los terrenos donde cruzaría el trazado y obtenidas las concesiones eléctricas y permisos ambientales asociados. Tales franjas podrían incluso ser también transversales, facilitando el desarrollo de proyectos que se encuentran más alejados de las líneas de transmisión que recorren el país en forma longitudinal.

La necesidad de abordar este tema por parte del Estado se explica en el hecho que durante los últimos años los desarrolladores de proyectos energéticos han enfrentado crecientes dificultades para instalar sus líneas de transmisión. En efecto, aún aprobados los estudios ambientales y las concesiones eléctricas, las negociaciones con cada uno de los propietarios de terrenos afectados por el trazado de la línea para obtener el derecho de paso han significado un retraso cada vez mayor en la puesta en marcha de las respectivas centrales. Dicho retraso se traduce en una barrera de entrada en el mercado de la generación (son pocos los actores que logran sobrellevar los costos en términos económicos y de tiempo de estos procesos), lo que limita la competencia necesaria para que opere eficientemente la industria energética.

Así, la iniciativa planteada por el Ejecutivo podría resultar positiva, puesto que si el Estado contara con una franja o corredor podría facilitar el uso de los terrenos y entregar un mayor grado de certeza en cuanto a que los proyectos puedan llevarse a cabo en un plazo razonable y sin incurrir en los crecientes costos que significa la judicialización de estos procesos.

Se ha discutido también la incidencia que tendría la creación de una carretera eléctrica en el desarrollo del proyecto HidroAysén, pero sus efectos son difíciles de predecir con la información existente. Traer la energía a Santiago a través de una línea de corriente continua podría ser la opción más barata e involucraría una sola postación y estructuras más livianas; sin embargo, podría también significar para quien construya la línea un largo proceso de negociación con los propietarios de los terrenos. Alternativamente, se podría instar a la empresa que construya su línea, por ejemplo, desde Aysén a Puerto Montt y desde allí desarrollar dos o más postaciones paralelas en corriente alterna para que otras centrales puedan también inyectar su energía pagando un peaje por ello. Esto podría facilitar la negociación para obtener los derechos de paso, pero se traduciría en una franja de servidumbre hasta cuatro veces más ancha que bajo la modalidad anterior. En consecuencia, no es claro si la empresa gana o pierde con la medida, pero sí parece razonable evaluar desde una perspectiva global la alternativa más pertinente para el país.

En síntesis, dado que el tema de la transmisión se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de proyectos energéticos -producto de la larga tramitación ambiental y la judicialización de los procesos- y en un obstáculo para la competencia, es posible que la idea de una carretera eléctrica pueda constituir una propuesta beneficiosa para el país. De hecho, con la configuración de una franja de servidumbre, el país contaría con un refuerzo para construir líneas por varios años. No hay que olvidar que el mayor potencial de generación del país crecientemente estará disponible en zonas más alejadas de los centros de consumo, de modo que una mejora al sistema de transmisión podría traducirse en una reducción de plazos de puesta en marcha de esta energía y, asociado a ello, en una rebaja en los costos de la energía en el país. Existe, sin embargo, un peligro de que la anunciada carretera eléctrica constituya un paso en la dirección de una planificación más centralizada, algo que siempre tiene el riesgo de introducir más ineficiencias que mejoras al sistema.

Carrier Eléctrico

El Presidente Piñera anunció que se estudiarán las formas para flexibilizary hacer más competitiva la distribución en el sistema eléctrico, para lo cual llamó a considerar la posibilidad de crear un multicarrier eléctrico. Con ello el Gobierno quiere otorgar a los consumidores mayores opciones para elegir a sus generadores de energía.

Ya en la Agenda Impulso Competitivo la autoridad manifestó su preocupación por los altos costos de la energía, razón por la cual había planteado dos medidas concretas. La primera dice relación con introducir en el mercado de la distribución la posibilidad de ofrecer planes alternativos a los consumidores, para lo cual se requerirá del estudio de modificaciones regulatorias que permitan mejorar los menús tarifarios disponibles, incentivar el ahorro de energía y facilitar la agregación de usuarios. La segunda medida apunta a estudiar la opción de incorporar al sistema de distribución la figura de los comercializadores de electricidad, quienes intermediarían entre generadores y clientes finales, con las debidas precauciones en materia de exposición a riesgos financieros y de suministro.

La propuesta que planteó el Presidente en la cuenta pública va en esta misma dirección. Si bien no se conocen mayores detalles, es dable esperar que se busque aumentar la competencia y las alternativas a las que acceden los clientes finales. En efecto, el Ministro Golborne ha señalado que se quiere avanzar hacia un sistema en que la gente pueda elegir la fuente de energía que prefiere, con distintos precios.

En principio, un sistema de multicarrier debiera aumentar la competencia a nivel de generación -la transmisión y distribución seguirían bajo un esquema de tarifa regulada como la actual-, por cuanto en la medida que ingresan nuevos proyectos energéticos al sistema, debiera observarse una creciente disputa por los clientes libres, lo cual se traduce en una potencial mejora de las condiciones que enfrentarían estos clientes finales. Lo anterior se vería en teoría reforzado con la introducción de la figura de los comercializadores, siempre que se tomen los debidos resguardos para garantizar la solvencia financiera de las empresas comercializadoras y se evite un mayor riesgo de suministro para los clientes. Los comercializadores tendrían un mayor grado de independencia que los actores que hoy operan en el mercado, lo que les permitiría competir más efectivamente con los distribuidores en la captación de suministradores de energía y en la entrega de servicios a los clientes finales. Ello, ciertamente, sujeto a que existiera una generación suficiente para comprometer el suministro a precios competitivos.

Por su parte, también sería posible que la autoridad decidiera rebajar el límite que define a los clientes libres -actualmente, aquellos cuya potencia conectada es de al menos 500 kW- pues son éstos los que pueden negociar libremente los precios de electricidad con las generadoras y fijar las condiciones mediante contratos de suministro1. Siendo así, estos clientes más pequeños podrían tener acceso a elegir a sus suministradores e incluso el tipo de fuente de energía con la que quieren ser provistos, lo que ampliaría el mercado a ser disputado y sinceraría las reales preferencias por las distintas fuentes energéticas.

Lo anterior encuentra, sin embargo, ciertas limitaciones, toda vez que a partir de la Ley Corta II (Ley Nº 20.018 de 2005) las empresas distribuidoras han tenido que realizar licitaciones de largo plazo para proveer a los clientes regulados. Un cambio como el comentado significaría una eventual reducción en la cartera de clientes de estas empresas, lo que podría enfrentar la legítima oposición de parte de las distribuidoras que, en virtud de la obligación impuesta, han contratado energía por períodos extendidos. En este contexto, cualquier cambio debiera introducirse en forma progresiva, siendo difícil que se observe un efecto inmediato en el mercado.

Igualmente, es esperable que el interés por operar como cliente libre sea limitado, toda vez que actualmente los clientes regulados cuentan con tarifas que son, en general, mejores que las de los no regulados. Esto significa que el impacto real de la medida sería probablemente muy acotado durante los próximos años, frustrando las expectativas que la medida ha generado.

Con todo, la propuesta constituye una buena señal hacia el futuro, aún cuando no se espera que tenga mayores efectos en lo inmediato. Posiblemente, tiene la virtud de generar una percepción de mayor libertad para elegir y de menor dependencia respecto de las empresas distribuidoras, aún cuando ello no se traduzca en el corto y mediano plazo en cambios significativos respecto de la situación actual.

Conclusión

Las propuestas que esbozó el Presidente Sebastián Piñera en su segunda cuenta pública, relativas al tema energético, han generado gran atención. Si bien se desconoce el detalle de estas medidas, por cuanto deberán ser analizadas por la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico en el transcurso de los próximos meses, pareciera que las propuestas van en la dirección correcta, toda vez que podrían estimular la competencia y aumentar las opciones disponibles para los clientes finales. Es probable que los resultados de estas medidas no se visibilicen en el corto plazo, pero ello no es razón para no avanzar en temas que son de alta relevancia para el futuro energético del país. Por ello, no sólo resulta acertado que el Presidente promueva el estudio de nuevas medidas para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico, sino también que entregue las señales correctas en cuanto a las verdaderas alternativas que tiene el país para satisfacer la demanda futura de energía, suministro indispensable para continuar por una senda de crecimiento sostenible. Ello introduce más racionalidad al debate que muchas veces se genera entre ciudadanos escasamente informados y, por ello, susceptibles de convencer con argumentos errados.

1 Esto los diferencia de los clientes regulados, cuyos precios se fijan mediante los decretos de precio de nudo que emite la CNE.

Por Instituto Libertad y Desarrollo, uno de los principales Centro de Estudios de Chile orientado a las politıcas publicas.

Categories: Política Energética
  1. david poblete
    05/06/11 a las 17:13 | #1

    me quedo con esta frase del principio: “…cada vez que se detiene un proyecto productivo se restan puntos de desarrollo que podrían haber generado más cuidado del medioambiente.”
    Por favor señores LyD indicar sus fuentes para entender de donde viene esta afirmación. De ahí para abajo ya no les creí nada.

  2. Ignacio Toledo
    04/06/11 a las 02:28 | #2

    Estoy completamente estupefacto ante semejante burla. Es impensable que tales ridículas conclusiones sean planteadas por un instituto que se haga llamar “Libertad y Desarrollo”.
    Esto no es más que un maquillaje político de un modelo energético que está LEJOS de ser sostenible.

    LIBERTAD:
    No existe libertad sólo en dar opciones de qué consumir cuando todas las cartas han sido jugadas por los privados. Chile no es soberano en cuanto a energía se trata, las empresas que buscan el lucro son las que determinan nuevas iniciativas energéticas bajo aspectos netamente técnicos-econocómicos estableciendo el cúando, dónde, cómo y cuánto se generará, y luego el país incorpora el nuevo proyecto en su plan de obras. No existen VERDADEROS estudios de impacto ambiental y social, todo es una FARSA mal montada sobre instituciones técnicamente incompetentes.
    No existe libertad donde los EIA investigados de forma responsable e independiente son desoídos por necedades legales y desinformación, mientras se aprueban proyectos tomando desiciones políticas basadas en completa subjetividad y profunda ignorancia.

    DESARROLLO:
    No es lo mismo crecimiento que desarrollo. La pobreza no se disminuirá producto del crecimiento economico del país. Y pensar de forma distinta es propio de una persona ignorante, ilusa y que vive en una utopía aún más inalcanzable que un 100% de energías renovables. El verdadero desarrollo parte de la sustentabilidad y esta a su vez debe ser transversal a la economía, la sociedad, tecnología y medio ambiente, para seleccionar finalmente la opción “MENOS MALA”. Hoy se vela por el lucro de las empresas privadas de energía y minería. Y la génesis de los proyectos que generan esta riqueza se dá cuando la factibilidad técnica y la económica convergen en una iniciativa sin importar las externalidas sociales y ambientales. Finalmente los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos, nada nuevo, llevamos repitiendo la tendencia desde el siglo pasado.

    Me pongo del lado de los economistas alternativos, Joan Martinez, Max-Neef y David Korten, en cuanto modelos de desarrollo sustentable se refiere. Muy distinta a la postura tercermundista que han adoptado los gobiernos anteriores y con más fuerza el actual. Se desprenden de la educación, salud, agua, energía, mineral, como una prostituta de sus prendas.
    Más allá del debate energético señores debemos comenzar a cuestionarnos, ¿Cómo queremos que nuestro hermoso país crezca y se desarrolle? Sino definamos derechamente que la politica de Chile es darle rienda suelta al caballo loco del crecimiento, y aprobemos de frentón las termoeléctricas al lado de poblaciones de extrema pobreza así veremos porfin que EL DESARROLLO ACABÓ CON LA POBREZA EN CHILE, porque lamentabemente (y vergonzosamente) es LO QUE ESTÁ PASANDO. La misión de los profesionales en el área de la energía (me incluyo) no es alimentar este monstruito que necesita el doble de comida cada 10 años, sino que nuestro deber es con la gente, que para su vida cotideana necesita de energía para vivir.

    Una economía basada en la exportación de materias primas, no puede crecer de forma ilimitada en un espacio de recursos finitos, pensar lo contrario es irracional, y tristemente nos alejamos más de la equidad tanto social como generacional.

    Declaraciones absurdas como esta cuenta pública, introduce desinformación al debate que muchas veces se genera entre ciudadanos mejor informados que los mismos politicos que toman las decisiones, y por ello, suceptibles a comprender la gravedad del asunto y querer participar en el cambio de las cosas.

  3. Renato Valdivia
    02/06/11 a las 19:03 | #3

    Respecto de la carretera eléctrica: ¿Quién lo paga? Nadie lo va a construir si no asegura su remuneración. Y recordemos que de acuerdo a la Ley Corta I, las ampliaciones del troncal son hechas por privados respondiendo a licitaciones encargadas por la autoridad. Las generadoras van a impugnar que se les obligue a pagar una instalación que en la actualidad no se requiere y es sobredimensionada. Sería expropiatorio. Y tienen la alternativa de construir otra línea y no utilizar la carretera, como insiste Hidroaysén. Entonces, ¿vamos a duplicar el troncal a cargo de la Señora Juanita? Se ve poco factible sin una cirugía eléctrica no menor, la que no se anunció.

  1. Thursday, 16 de June de 2011 a las 17:25 | #1