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Entendiendo el decreto de racionamiento

mercado electricoEn los últimos días fue anunciado por el Gobierno, la dictación de un decreto de racionamiento eléctrico, con el cual se adoptarán medidas tendientes a sobrellevar la actual situación en la que se encuentra el SIC. El alcance y sentido de esta facultad, se encuentra regulado en el artículo 163 y siguientes, de la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, “LGSE”), que procederemos a analizar.

El fundamento establecido para la dictación de un decreto de racionamiento por el Ministerio de Energía (en adelante “MINEN”), previo informe de la CNE, es que se produzca o se proyecte un déficit de generación en un determinado sistema, siendo esta última situación en la que nos encontraríamos en la actualidad. Este déficit puede tener como causas, las fallas prolongadas que experimente una central o se deba por sequía. Dicho decreto permite a la autoridad establecer y adoptar las medidas necesarias para evitar o superar un escenario de racionamiento eléctrico, con las correspondientes consecuencias para la actividad productiva del país. Como lo hemos escuchado, dichas medidas se orientan a estimular y premiar el ahorro voluntario, incentivar el aumento de la capacidad de generación y reducir los costos que podría ocasionar un déficit. Dentro de las primeras medidas que serían adoptadas con este Decreto, se encuentra la reducción del voltaje y cambio en el orden de despacho, relegando a las centrales hidráulicas a un segundo plano.

La LGSE establece que el déficit que se ocasione, deberá ser distribuido proporcionalmente entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus compromisos, debiendo éstas a su vez pagar a sus clientes, cada kWh de déficit que sufran. La indemnización se determina en base a la diferencia entre el valor de consumo normal y el costo de racionamiento1, entendiéndose por “consumo normal”, el del mismo período del último año sin racionamiento, incrementado en la tasa anual de crecimiento. Según el alcance de los contratos que hayan celebrados las empresas generadoras, se verán afectadas en mayor o menor medida por los costos de racionamiento, además de que debería aumentar el costo marginal instantáneo.

Un elemento de suma importancia que ha sido regulado por la LGSE, fue establecer que las situaciones de sequía o fallas de las centrales, en ningún caso podrán ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito. Esta norma fue introducida por la Ley 19.613, como una reacción a la crisis de suministro eléctrico del SIC de los años 1998 y 1999. Esto es relevante, puesto que impide que las empresas generadoras de electricidad se excusen de su responsabilidad por dichos motivos, entendiendo la LGSE que son predecibles y que las empresas deben resguardarse de dichos escenarios, mediante la diversificación de la matriz energética o construcción de varias centrales. Este límite fue ampliado con la Ley 20.018 al establecer que tampoco será considerado como caso fortuito o fuerza mayor, que las fallas de centrales se deban a cortes totales o parciales de gas natural provenientes de gaseoductos internacionales. Esto se debería ampliar para incluir el suministro de GNL, sin limitarlo a que sea suministro mediante gaseoductos.

Una consecuencia a la modificación introducida por la Ley 19.613, fue la reacción de las empresas generadoras al dejar de participar en las licitaciones de suministro con las distribuidoras y/o celebrar contratos, tendiendo a tener la menor cantidad posible de suministro mediante contrato. Este modo de actuar por parte de las generadoras, una estrategia comercial, se debía al alto riesgo de celebrar contratos en que debían asumir la responsabilidad del incumplimiento de éstos en casi cualquier caso. Esto se resolvió con la Ley 20.018, al establecer en el artículo 131° de la LGSE, la obligación para las distribuidoras de asegurar el consumo proyectado de sus consumidores regulados por un período de 3 años. Las consecuencias de dicha modificación ya han sido tratadas en otros artículos publicados en Central Energía.

En base a lo regulado por la ley, cabe preguntarse si el decreto de racionamiento se debería más bien a fallas o errores de planificación en el desarrollo de proyectos de transmisión. No es un misterio que Santiago es el mayor centro de consumo del SIC, y además divide en dos sub sectores a dicho sistema interconectado. Por la pérdida de Rapel a consecuencia de la sequía, Santiago perdió su principal central de respaldo, viéndose obligado a recurrir a las centrales Nueva Renca y Renca, respectivamente. Sin embargo, el cuello de botella y la que estimo que es la causa principal de la contingencia actual, según las causas señaladas en los medios2, debe más bien a la incapacidad de las redes de transmisión de entregar la capacidad de generación excedentaria, que se encuentra en las centrales térmicas del sector norte del SIC, a Santiago. Con lo anterior no niego que nos encontremos ante una sequía, pero creo que el posible problema de suministro eléctrico para este año, se debería a la conjugación de dicha situación con otros factores.

La ley establece que una generadora puede solicitar a la SEC, que compruebe si el déficit se debe a caso fortuito o fuerza mayor, debiendo pronunciarse en 10 días. Esto implica un cambio a la regla general de que el caso fortuito debe ser probado por quién lo alega3, pasando en este caso al SEC dicha carga. Además, nos da a entender que pueden existir otros motivos distintos a los establecidos en la LGSE que pueden causar un escenario de racionamiento eléctrico, y por ende la dictación de un decreto de racionamiento, respecto al cual las empresas generadoras pueden liberarse de responsabilidad. Solo cabe esperar la reacción que tendrán las empresas generadoras ante la dictación del decreto de racionamiento, especialmente las centrales generadoras del sector norte del SIC, para determinar quién terminará pagando los costos de un eventual racionamiento.

Pero no nos engañemos, el verdadero costo de un racionamiento lo paga al fin de cuentas nuestro país, al reducirse las tasas de crecimiento, por la caída de la actividad industrial y comercial, entre otras consecuencias. Es cierto que el control sobre el clima y las sequías, se encuentra fuera de nuestro alcance, pero esto no implica que debamos tratar de evitar estos escenarios, o ante todo, que facilitemos su ocurrencia por debilidades en el proceso de construcción y operación de centrales, líneas de transmisión y distribución, las que ya han sido señaladas por el Ministerio de Energía4. Al menos ya existe un proyecto de ley5 para resolver el problema que enfrentan las concesiones eléctricas, el cual ingresó con fecha 29 de septiembre al Senado, que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado. Por nuestra parte, podemos sumar nuestro grano de arena ahorrando electricidad en nuestras casas y trabajos, lo que será siempre más barato que aumentar la capacidad de generación.


1 Según lo establecido en el N° 2 del artículo 162 de la LGSE, el costo de racionamiento es “el costo por kilowatthora incurrido, en promedio, por los usuarios al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de emergencia si así conviniera.”
2 El Mercurio, Economía y Negocios; 10 de Febrero de 2011; página B2
3 Artículo 1547 del Código Civil
4 MINISTERIO DE ENERGÍA; Estudio “Identificación de Dificultades en la Tramitación de Permisos de Proyectos del Sector Eléctrico”; [en línea]; Santiago; Junio, 2010
5 Boletín 7240-08


Por Sebastián Leyton, Abogado de la Universidad de Chile.

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