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Política Energética: ¿Hacia dónde Queremos (Podemos) Ir?. Nueve mitos que rebatir (III)

libertad y desarrollo

Quinto post de la serie ¿Hacia dónde Queremos (Podemos) Ir?

5. “Se debe evitar la energía nuclear porque representa un potencial peligro para el país”.

El eventual mayor precio de la generación termoeléctrica y el gradual agotamiento de las fuentes hidrológicas en el transcurso de la próxima década hacen necesario considerar seriamente la generación eléctrica por medio de energía nuclear. En efecto, hacia el 2025 será necesario contar con energía nuclear, pues las fuentes hidrológicas se irán agotando, quedando como única alternativa – de no incluirse la energía nuclear – el aumentar la participación de generación termoeléctrica. Las ERNC, tal como se ha dicho, no tendrían presencia suficiente para satisfacer las mayores demandas eléctricas del país. En el mundo, actualmente existen 440 plantas nucleares en operación y se están construyendo más de 30 centrales adicionales de este tipo, las que siguen estrictas regulaciones de seguridad que permiten proyectar su construcción en un país sísmico como el nuestro. Es más, la tecnología nuclear no solo tiene altos estándares de seguridad, sino que además presenta costos que no son superiores a los de la generación termoeléctrica, cuando operan a gran escala. A su vez, la energía nuclear no emite gases contaminantes urbanos ni gases de efecto invernadero. Se requiere, consecuentemente, avanzar en la evaluación y la realización de estudios de viabilidad técnica y económica de la energía nuclear, así como desarrollar capacidades y promover una mayor difusión de conocimiento de la materia en la población, para lograr una mayor aceptación social.

6. “La política energética debe guiar el desarrollo del sector para anticiparse a las exigencias internacionales”.

En los últimos diez años se ha ido intensificando el debate sobre el medio ambiente global, especialmente, en relación al cambio climático. Lo anterior fue reforzado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) 12, que concluyó que para el 2050 se necesitará lograr reducciones de por lo menos 50% de las emisiones mundiales de CO2 (comparadas con los niveles del año 2000) para limitar el aumento a largo plazo de las temperaturas medias mundiales a 2,0°C – 2,4°C. Lo anterior requiere de fuertes recortes en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, además del desarrollo de tecnología con baja emisión de carbono para alcanzar dicha meta. Algunos países, entre ellos Chile, han reaccionado con medidas tendientes a aumentar la eficiencia energética y mediante regulaciones de una participación mínima de energías renovables en su matriz energética, entre otros. Sin embargo, de continuar las presiones, no es descartable que se considere en el mediano plazo la adopción de medidas para asimilar el costo de las emisiones de CO2 a las generadoras de energía, como un impuesto al carbono proporcional a las emisiones.

En este contexto, si bien no existen actualmente obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para los países en desarrollo, podría esperarse algún tipo de presión para aceptar metas de reducción (aunque no necesariamente obligatorias) para estos países. En particular, el mundo podría exigirle a Chile que contribuya en la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero, especialmente ahora que el país ha ingresado al grupo de países de la OECD. Ahora bien, Chile es un país limpio en producción energética y poco contaminante en términos relativos. En relación a las emisiones totales, Chile aporta un porcentaje reducido en el concierto internacional (0,25% de las emisiones mundiales totales). Adicionalmente, las emisiones por habitante también son relativamente bajas (las emisiones per cápita fueron de 4,35 toneladas de CO2 al año en el 2008, que se comparan con 10,61 de la OECD). Esta menor emisión relativa responde a que efectivamente Chile tiene una matriz limpia, producto de la fuerte presencia de energía renovable en ella.

Emisiones de CO2 por habitante, año 2008 (ton. CO2/cápita). Fuente: Agencia Internacional de Energía.

Emisiones de CO2 por habitante, año 2008 (ton. CO2/cápita). Fuente: Agencia Internacional de Energía.

Dicho lo anterior, no es posible desconocer que Chile presenta un crecimiento importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que podría resultar preocupante de continuar el ritmo de aumento observado en los últimos años (las emisiones de GEI han crecido a una tasa promedio anual de 3,67% entre 1990 y 2007, lo que se compara con tasas de 3,08% en Latinoamérica, 0,93% en la OECD y 1,90% en el mundo durante igual período 13). Se proyecta que, dado el incremento de las centrales basadas a carbón al año 2050, las emisiones de CO2 del sector eléctrico (que aporta cerca del 30% del total de las emisiones globales en el país) se incrementen en Chile en un 130% 14
.
Pese a lo anterior, cabe preguntarse si Chile debiera anticiparse a penalizar la emisión de CO2 si gigantes como China y EE.UU. no lo han hecho aún. Por otra parte, existe incertidumbre sobre cómo funcionará el régimen después de concluido, el año 2012, el compromiso adquirido bajo el Protocolo de Kioto 15, pero sin duda aumentarán las presiones para descarbonizar las economías de nuestro planeta. Es así como las negociaciones post Kioto podrían efectivamente traducirse en una exigencia de reducción de emisiones, basados en los niveles de contaminación de ese momento.

Lo anterior podría sugerir, desde un punto de vista netamente económico, que nos conviene una estrategia de stand by, puesto que cualquier esfuerzo actual no sería reconocido al momento de imponernos las exigencias de reducción de emisiones, redoblando el costo del esfuerzo futuro necesario para cumplir con dichas exigencias. Por otra parte, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) les permite a países industrializados comprar reducciones de emisiones a países en desarrollo como el nuestro y acreditarlas como propias. Para que la reducción de emisiones de algún proyecto sea reconocida y se pueda transar, debe ser previamente convertida en un certificado de “reducción de emisiones de carbono” (CER). Uno de los requisitos más importantes para ello es la adicionalidad, que dice relación con que el proyecto debe reducir emisiones de gases invernadero que sean adicionales a las que habrían tenido lugar en condiciones normales. Cabe, entonces, preguntarse si post Protocolo de Kioto los proyectos estimulados por leyes como la Nº 20.257 no perderán la condición de adicionalidad, en vista que podría considerarse que las reducciones debidas a leyes ya aprobadas deban ser consideradas dentro de la base desde la que parte cada país. Si así fuera, las reducciones de emisiones estimuladas por esta ley no serían consideradas adicionales y no recibirían créditos de carbono.

En este contexto, y tal como lo plantean Galetovic y Muñoz en su estudio sobre el impacto de la Ley N° 20.257 que estimula las ERNC 16

parece un tanto imprudente haber obligado al país a reducir las emisiones de CO2 en 4 ó 5 millones de toneladas anuales durante los próximos diez años. Antes correspondía negociar en los grupos de trabajo establecidos en la United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) o a través de acuerdos informales con países industrializados y condicionar la vigencia de la ley a que las reducciones de emisiones sean consideradas adicionales después de 2012. Peor aún, es posible que en el mundo post-Kioto se les impongan obligaciones de reducción de emisiones a los países en desarrollo. De no ser reconocida la adicionalidad de estos nuevos proyectos, la línea base para calcular la reducción de emisiones se estimará considerando la exigencia previamente establecida en la Ley Nº 20.257.

Lo cierto, en todo caso, es que nadie sabe realmente qué sucederá en ese proceso de negociación una vez acabados los compromisos de reducción de emisiones acordados bajo el Protocolo de Kioto (año 2012). Sin embargo, si bien es esperable que al momento de negociar, las emisiones de los países en desarrollo (sobre todo China e India) superen a las de los países desarrollados, es factible y razonable que los primeros sean menos exigidos en relación a los segundos.

En síntesis, es previsible que si bien todos estaremos posiblemente obligados a reducir los gases de efecto invernadero, las exigencias debieran ser menores en los países en desarrollo que en los países desarrollados, quienes, en el proceso de convertirse en tales, generaron la acumulación actual de contaminantes. Es más, quienes se oponen al crecimiento económico sobre la base de fuentes más económicas, pero también más contaminantes, debieran estar dispuestos a financiar la diferencia de costos que significa generar energía mediante tecnologías no tradicionales.

Notas

12 La función del IPCC consiste en analizar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.

13 Fuente: Presentación Huella de Carbono del Ministerio de Energía, 5 de octubre de 2010.

14 Citado de PROGEA-UCH en Política Energética: Nuevos Lineamientos de CNE (2008).

15 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del período que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Es así como el Protocolo de Kioto compromete a un subconjunto de países industrializados a reducir su emisión de gases invernadero entre 2008 y 2012 y estimula la participación voluntaria de los países en desarrollo a través de los así llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL). Los MDL les
permiten a estos países industrializados comprar reducciones de emisiones a países en desarrollo como el nuestro y acreditarlas como propias

16 Galetovic, A. y C. Muñoz, “Energías Renovables No Convencionales: ¿Cuánto Nos Van a Costar?” Estudios Públicos, 112 (primavera 2008), CEP. El estudio cuantifica los efectos de la Ley Nº 20.257 que estimula las energías renovables no convencionales. Concluye que, de ser eficaz, la ley les aumentará el costo de suministro a los consumidores del SIC en a lo menos US$ 4.000 millones en valor presente.

Susana Jiménez es Ingeniero Comercial y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Humanidades, Universidad del Desarrollo. Actualmente es investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo.

Categories: Política Energética
  1. Orlando Venegas
    14/02/11 a las 09:42 | #1

    Srta o Sra. Susana Jimenez:

    En los diferentes post que he leído de usted, me he dado cuenta que siempre pone la energía nuclear como la solución a todos nuestros problemas, pero nunca menciona el tema de los desechos nucleares, ni la dependencia que tendríamos de los países “productores” de uranio.

    También me parece muy extraño que no mencione que en Alemania, se están cerrando plantas (con el nuevo gobierno de los liberales, esto se postpuso hasta nuevo aviso).

    El último punto que no menciona es el tema que las ERNC pueden ser almacenadas en forma de calor, con la nueva tecnología, que usa sales minerales (curiosamente abundantes en el norte de Chile).

    En resumen, por qué las ERNC son tan “malas” y la nuclear tan “buena”? Y si es así, por qué en países ejemplo como Alemania (lo nombro porque vivo acá) la imagen es exactamente lo contrario.

    Mis más cordiales saludos

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