Central Energía

Veinte al dos mil veinte

Uno de los objetivos del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera es “aspirar a que al año 2020 más del 20% de la matriz eléctrica chilena derive de las energías renovables, limpias no convencionales”, las denominadas energías renovables no convencionales (ERNC). Este objetivo, formulado durante la pasada campaña presidencial, es reiterado por el presidente en su mensaje del 21 de mayo, donde plantea que “como gobierno impulsaremos, con la asesoría técnica de países líderes como España, Francia y Estados Unidos, un poderoso plan de desarrollo de energías limpias y renovables, que permita que el año 2020, el 20% de nuestra matriz eléctrica provenga de estas fuentes”. Mientras el programa plantea una aspiración, el mensaje define acciones generales apoyadas por gobiernos extranjeros.

Definido ese objetivo, el gobierno y el ministerio a cargo no han precisado las acciones específicas que se desarrollarían para lograrlo. El ministerio, en algunas oportunidades, ha enfatizado que lo formulado es una aspiración, como lo afirma el programa de gobierno, más que un objetivo concreto. Algunos expertos plantean que el 20% se refiere a la potencia instalada más que a la energía generada, aunque si ese fuera el caso, la aspiración se transformaría en un valor en torno al 10% o menor para la energía, dados los bajos factores de planta de estas energías.

El objetivo del 20% al 2020 va más allá de lo que se plantea a nivel mundial, donde el escenario más ambicioso estima una contribución de las ERNC de un 18% al año 2035 (Energy Information Administration). Más bien se acerca a iniciativas del mundo desarrollado de Europa y Norteamérica, motivadas fundamentalmente por el objetivo de reducir la gran producción de gases de efecto invernadero de las grandes economías industriales.

Independiente de lo anterior, a comienzos de octubre, la Comisión de Minería del Senado despachó, para revisión general de los parlamentarios, una moción que busca promover la generación eléctrica a través de ERNC. El proyecto modifica la Ley N° 20.257 del 2008, aumentando a un 20% la generación a través de ERNC hacia el año 2020. Cabe recordar que dicha ley establece que al año 2024 el 10% de la energía que comercializan las empresas generadoras provengan de fuentes ERNC.

Lo anterior plantea nuevas urgencias y lleva el tema de las ERNC a la discusión pública, planteando esfuerzos significativos para el país en varios ámbitos: la definición de un marco regulatorio, o mejora del existente, que incentive su incorporación en los sistemas eléctricos -dando señales de confianza a inversionistas y levantando barreras de entrada para los proyectos -, la creación de incentivos económicos directos o indirectos que fomenten su desarrollo, la adecuación de las redes eléctricas, la provisión de infraestructura de respaldo, entre otros.

Mecanismos que promueven el desarrollo de las ERNC

Preocupaciones centrales de los países industrializados sobre el cambio climático, así como el interés de lograr una mayor seguridad energética, diversificando sus matrices energéticas, de manera de hacer frente a las fluctuaciones de precios de los combustibles fósiles han llevado a esos países a impulsar agresivamente el desarrollo de las tecnologías ERNC. Las ERNC son identificadas como una herramienta clave para la reducción de emisiones de CO2, como también una fuente de independencia energética, al reducir la dependencia de suministro de energía exterior. En cambio, en regiones en vías de desarrollo, como Latinoamérica, las fuentes renovables se han limitado en gran medida a las plantas hidroeléctricas convencionales, donde el objetivo principal ha sido promover el desarrollo económico incurriendo en los menores costos de energía posibles. Esta situación ha originado que históricamente el rol de las ERNC en dichos países no sea prioritario. No obstante, tal condición está cambiando, en gran medida por la presión que los países desarrollados están ejerciendo para que los países emergentes aporten a la lucha contra el cambio climático, por el interés de los fabricantes de estas nuevas tecnologías de crear nuevos mercados, como por una creciente preocupación de la ciudadanía por lograr sociedades sustentables ambientalmente.

Se han introducido varios mecanismos específicos para incentivar la introducción y desarrollo de las ERNC. Se han considerado necesarios estos incentivos debido a que estas tecnologías no resultan aún lo suficientemente competitivas como para entrar en el mercado por sí solas, las energías tradicionales térmicas e hidroeléctricas son aún más económicas. Es posible agrupar los mecanismos que promueven el desarrollo de estas tecnologías en cuatro grupos¹:

La concepción y aplicación de estos esquemas de incentivos dependen de los objetivos que cada país busca a través de su implementación. Países desarrollados como España y Alemania, con matrices preponderantemente térmicas e importantes emisiones de CO2 a la atmósfera, han buscado incentivar la incorporación de las ERNC para transitar a matrices más “verdes”, buscando reducir sus emisiones y mitigar el cambio climático. Ambos países han implementado esquemas de precios subsidiados desde la década de los 90s, subsidios que son pagados por los consumidores y significan en el caso de Alemania pagos adicionales por 1,1 euros por MWh, comparados con un costo de generación de 6,9 euros. España por si sola destinó 4.600 millones de euros de apoyo a las renovables el 2009.

Los mecanismos han sido exitosos en lograr altas tasas de penetración de las ERNC, con 20% de la energía total para el año 2009 en el caso de España y 16% en el caso de Alemania, aunque se han producido distorsiones en el estímulo de tecnologías particulares. Otro logro es el de importantes niveles de reducción de gases de efecto invernadero, para países con contribuciones relevantes (Alemania es el sexto contribuyente a nivel global con un 2,7% de las emisiones mundiales; España contribuye con 1,1%, pero duplicó sus emisiones en el periodo 1990-2008²).

En cambio, los países en desarrollo de Latinoamérica han preferido mecanismos de apoyos indirectos como esquemas de licitación de suministro ERNC (Perú y Brasil) y de cuotas (Chile), sin forzar subsidios directos, buscando minimizar el costo adicional de la inserción de renovables, en economías donde el objetivo de lograr abastecimiento energético competitivo es fundamental para la derrota de la pobreza y el desarrollo económico.

La propuesta en análisis en el Senado no dimensiona el incremento de costo energético para el país del aumento de la meta al 20%, que de acuerdo a información de prensa podría llegar a un 16%, con el consiguiente impacto social que esto implica. Si bien los costos de inversión de las tecnologías ERNC han seguido una tendencia decreciente, aún no se garantizan precios competitivos con tecnologías tradicionales. La propuesta tampoco justifica el nivel de la meta (¿porqué 20% y no otro valor?), aunque puede simplemente responder a las orientaciones dadas por la presidencia de la República, y que parecieran reflejar niveles alcanzados por países desarrollados como los mencionados. Es fundamental transmitir a la sociedad la lógica que condiciona estas propuestas y los impactos anticipados, para poder mejor dimensionar el tipo de apoyo que se estaría comprometiendo.

El desarrollo energético chileno, si bien se ha dado en un contexto de decisiones privadas en un ámbito competitivo, donde son los agentes los que deciden en qué tecnologías invertir, cómo y cuándo, está condicionado por las obligaciones que la sociedad les impone, donde las regulaciones ambientales a cumplir han cobrado creciente importancia. El cuestionamiento público de la generación termoeléctrica que surge de decisiones recientes, más las campañas orquestadas contra los grandes proyectos hidroeléctricos, y las exigencias de cuotas tecnológicas de ERNC planteadas en el parlamento, podrían hacer pensar en un cambio dramático de la política energética del país, privilegiando unas tecnologías en desmedro de otras. Aunque las autoridades no se han pronunciado respecto a este aparente cambio, definiciones más precisas e información orientadora sería de conveniencia para todos los agentes. Es fundamental para el país definir políticas a largo plazo que permitan explicitar de forma clara que es lo que el país quiere en términos energéticos, dada la importancia de este rubro en el desarrollo económico del país.

Cuando pensamos en qué país queremos y como haremos para ser una nación justa y desarrollada en un futuro cercano, es cada vez más importante el ordenamiento de nuestras políticas públicas, con definiciones orientadoras económicas que conduzcan a la senda del crecimiento. Una vez fijados nuestros macro objetivos, es fundamental definir de manera consistente objetivos sectoriales claros para todas las áreas sociales y económicas, por ejemplo en transporte, infraestructura y energía, entre otras, teniendo claro que la sustentatibilidad será un pilar transversal a todas las áreas. La pregunta que debemos hacernos es en qué medida las intervenciones de política pública que pretendemos impulsar son consistentes con nuestros objetivos y nuestra visión económica de largo plazo. Hasta que no tengamos una respuesta clara, podemos llevarnos más de una sorpresa en el camino.

¹ Más antecedentes en: http://www.systep.cl/documents/GreenEffect.pdf
² Fuente: CO2 Emissions from fuel Combustion, 2010 Edition, International Energy Agency

Por Systep, consultora chilena altamente especializada en el campo de los estudios técnicos y económicos del sector energético.