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Aprobación de termoeléctrica Barrancones

BarranconesUno de los principales retos para nuestro país es equilibrar apropiadamente la demanda por desarrollo económico con la creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente. Al respecto, se han ido desarrollando una institucionalidad y un conjunto de normas con este objeto que han sido bien evaluados por expertos de organismos internacionales, sin perjuicio de algunos reparos, sobre todo en el ámbito de la fiscalización. Sin embargo, pese a la buena evaluación internacional, el balance alcanzado es frecuentemente cuestionado cuando se aprueban proyectos como Barrancones, de la empresa GDF Suez. En este caso, las críticas crecen porque esta central termoeléctrica está emplazada a 25 kilómetros de Punta Choros, lugar conocido por su diversidad ecológica marina y que alberga la reserva nacional Pingüino de Humboldt, y también porque de sus palabras en una entrevista radial mientras era candidato, muchos interpretaron que el Presidente Piñera se opondría a la instalación de esta central, aunque en rigor expresó que se opondría a esta y a cualquier central que atentara gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de la vida. Además, planteó que promoverá activamente las energías renovables no convencionales.

Ahora bien, según sus impulsores, este proyecto cumple con la normativa vigente en Chile, y se le exigieron mitigaciones adicionales para minimizar las emisiones de gases invernadero, así como modificaciones en las estructuras para captar y devolver el agua que utilizará en diversos procesos. Por otra parte, sus detractores esgrimen razones de daños medioambientales que parecen responder a objeciones objetivas más que ideológicas. Todo ello no eliminará la discusión, particularmente porque, en general, las normas chilenas hacen abstracción de la localización de las actividades productivas -esto es, no son necesariamente más exigentes en algunas zonas que en otras-. Un enfoque que al respecto incorporara mayor diversidad podría minimizar conflictos como los ahora emergidos.

La aprobación por la Corema regional seguramente será apelada a la Conama, debiendo su director pronunciarse al respecto. Pero su decisión no puede ser discrecional: debe basarse en los antecedentes técnicos del proyecto y en la normativa vigente. Por cierto, eso no excluye un balance de sus riesgos, pero éstos no parecen significativos. En fin, un último camino para los opositores al proyecto es presentar un recurso de protección.

El país necesita elevar su producción de energía; si no lo logra, verá disminuidas sus posibilidades de crecimiento económico. Se apela a lograr mayores eficiencias y ahorros, pero Chile no es particularmente ineficiente en el uso de su energía si se compara su consumo con su producto interno bruto. Puede haber algunos espacios para asegurar una mayor eficiencia energética, pero es utópico pensar que ello elimina las necesidades de proveer más energía.

Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de diversificar la matriz energética hacia energías renovables no convencionales, pero el país ya está avanzando en esa dirección, y hay que reconocer, por una parte, que eso no es inmediato y, por otra, que ella es más cara y que Chile no tiene tarifas energéticas particularmente bajas. Más aún, los factores de planta de estas energías son menores y requieren centrales de respaldo y -cabe recordarlo- tampoco garantizan ausencia de conflictos. En otros países, por ejemplo, existe hoy fuerte y extendida resistencia a la generación por vientos. Bajo esa luz, es de considerar que reemplazar esta central podría requerir la ocupación de unas seis mil hectáreas. Por cierto, en nuestro país la generación termoeléctrica ha estado creciendo rápidamente, sin poner suficiente atención a las emisiones de CO2 que ella genera. Esto ha ocurrido, en parte, por las dificultades de avanzar en generación hidroeléctrica que no contamina y, además, porque no se ha considerado la posibilidad de gravar esa externalidad negativa.

Editorial de El Mercurio del 26 de agosto de 2010.

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