Sistema energético chileno y el cambio climático
En la cumbre de Bali realizada en el año 2007, se acordó una hoja de ruta para reemplazar el Protocolo de Kyoto, que expira en el 2012. Sin embargo, los países en vías de desarrollo han insistido en que cualquier acuerdo debe respetar el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, ya que los países más ricos alcanzaron el desarrollo basados en la quema de combustibles fósiles y, además, disponen de más recursos para enfrentar este problema.
Los países industrializados que suscribieron el Protocolo de Kyoto, conocidos como países “Anexo I”, son responsables del 52% de las emisiones globales de GEI entre 1950 y el 2000, aún cuando representan alrededor del 19% de la población mundial. Las naciones en desarrollo también sostienen que imponer límites a sus emisiones debilitará su potencial de crecimiento económico, limitando sus posibilidades de reducir la pobreza y aumentar las expectativas de vida de sus habitantes. Esto cobra fuerza al considerar que en el mundo en desarrollo hay más de 1.400 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, con una expectativa de vida sustancialmente menor a la de los países desarrollados. Esto se refleja en las cifras que se presentan en la tabla siguiente:

Comparación de indicadores de GEI y otros socioeconómicos. Fuente: Elaboración propia a partir de cait.wri.org. Originalmente publicada en "Chile, Copenhague y el Cambio Climático", Instituto Libertad y Desarrollo
¿En qué situación se encuentra Chile? La tabla nos muestra que nuestro país representa una fracción muy menor de las emisiones totales de GEI . Además, si comparamos nuestras emisiones per cápita, o la intensidad en el uso de carbono para la producción de energía y generación del PIB, podemos apreciar una posición relativamente favorable en relación al contexto mundial. Más aún, pese al considerable aumento de nuestras emisiones per cápita entre los años 2005 y 2007 , desde 3 a casi 5 toneladas, todavía estamos muy por debajo de las tasas que exhiben los países desarrollados. De hecho, nuestras emisiones per cápita son relativamente bajas en comparación a países con ingresos similares, lo que se refleja en la posición de nuestro país en la siguiente figura:

Emisiones GEI y PIB per cápita (186 países) Fuente: Elaboración propia a partir cifras del Banco Central, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y del World Resources Institute. Originalmente publicada en "Chile, Copenhague y el Cambio Climático", Instituto Libertad y Desarrollo
La línea recta muestra el ajuste teórico de la relación “emisiones de CO2 y PIB” por habitante para 186 países. El hecho de que Chile se ubique por debajo de la línea indica que nuestras emisiones son menores a las esperadas para nuestro nivel de ingresos, tanto en el 2005 como en el 2007. Sin embargo, esta situación puede cambiar significativamente a partir del aumento de la demanda de energía y los cambios proyectados en la matriz eléctrica, dominada por los proyectos de generación a carbón. Mis estimaciones señalan que para el año 2030 las emisiones per cápita bordearán las 10 toneladas, revirtiéndose la favorable posición que ostentamos actualmente.
Qué podemos esperar de Copenhague
Las proyecciones de crecimiento de las emisiones mundiales de GEI para el año 2100 indican que éstas se triplicarán en relación a los valores actuales, lo que aumentaría la concentración de CO2 a 685 ppm. Estabilizar las concentraciones atmosféricas y limitar el aumento de la temperatura de acuerdo a las metas del IPCC requiere esfuerzos de reducción de emisiones sustanciales. En el caso de los países desarrollados, la meta intermedia de reducción estipulada al año 2020 fluctuaría entre un 25 y 40%, y para el año 2050 entre un 70 y 80%, en relación a los niveles de 1990. Asimismo, estas metas implican compromisos por parte de los países en vías de desarrollo de al menos 15 a 30% de sus emisiones esperadas al 2020.
¿Cuán costosas pueden llegar a ser estas políticas de mitigación? De acuerdo al informe Stern costarían un 1% del PIB mundial, sin embargo, algunos críticos (1) han señalando que las cifras pueden ser significativamente mayores , lo que podría afectar las metas de reducción de pobreza de los países menos desarrollados . Además, Nordhaus (2008) muestra que una política eficiente de reducción de emisiones de GEI debería tener metas sustancialmente menores a las propuestas por el IPCC o el informe Stern
¿Cuál debería ser entonces la postura de Chile en Copenhague? Nuestro país debiera compartir el principio enunciado por China, que lidera las posiciones de los países en desarrollo alineados en el G77, en cuanto a seguir exigiendo “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, tal como ha sido hasta ahora. Cualquier compromiso que se nos pida debe venir acompañado de transferencias de tecnologías y recursos provistos por los países más ricos, y no parece factible aceptar compromisos obligatorios de reducción de emisiones.
En este contexto, Chile podría ofrecer esfuerzos de eficiencia energética en la producción, reduciendo paulatinamente las emisiones por cada punto porcentual del PIB tal como ha ofrecido China. Esto, además, puede llegar a ser sumamente relevante para nuestra industria exportadora a medida que las emisiones de GEI, o “huella de carbono”, cobren importancia en el comercio internacional, tal como viene proponiendo el presidente Obama en la reforma energética que impulsa en el Senado estadounidense. Adicionalmente, nuestro país debería apoyar activamente la implementación de políticas basadas en la asignación de precio al carbono, que según múltiples estudios han mostrado ser las más efectivas para reducir las emisiones de GEI, además de recalcar la importancia de promover mecanismos que fomenten la innovación en tecnologías limpias.
(1). “The Stern Review: A Dual Critique”. World Economics, Volumen 7 (4), Octubre – Diciembre 2006.
Artículo publicado originalmente en “Chile, Copenhague y el Cambio Climático”, Instituto Libertad y Desarrollo

English
Español
R. Valdivia
Echo de menos en tu comentario una mirada menos Chilecéntrica del problema. Lo más grave no es la pérdida de competitividad de Chile, sino el potencial desastre que puede ocurrir en la Tierra, con la consiguiente pérdida en la biodiversidad y patrimonio natural en general. Se suele decir que “Chile representa sólo el 0,2% de las emisiones”. Ok, lo que se llama Chile es una frontera política arbitraria, y si por eso nos eximiéramos, todos podrían buscar su propia esfera de pertenencia que representa una proporción minoritaria. EEUU es el segundo emisor mundial, pero alguien de Alabama podría argumentar que su estado es sólo el 0,2% y que la responsabilidad la tienen los estados industriales… y alguien de Austin Texas podría decir que Austin es poco dentro de Texas y que la responsabilidad la tiene la gente de Houston… y así todos podemos eximirnos como parte de alguna fracción minoritaria a la que pertenecemos.
Chile históricamente ha tenido bajas emisiones de dióxido de carbono per cápita, por haber tenido una matriz energética muy cargada a la hidroelectricidad. Es lamentable y paradojal que justo en la época en que esta situación comienza a perfilarse como una ventaja competitiva para Chile, ésta se está perdiendo. La huella de carbono se está poniendo de moda y pasa a ser un dato relevante de un bien industrial, y no es poco probable que tan pronto como durante el próximo lustro comience a aplicarse algún tipo de arancel para gravar los productos más contaminantes. Siendo la energía eléctrica un insumo relevante para una variedad de industrias muy relevantes para Chile, estando en un muy destacado primera lugar la minería, el progresivo “ennegrecimiento” de la matriz producto de la expansión a base de centrales térmicas a carbón está mermando la competitividad país.
Si bien estoy de acuerdo que la expansión masiva del sistema a base a ERNC no es factible, sin contar la mayor carga sobre los sistemas de transmisión que éstas suponen, es importante considerar los “costos” del carbón. La expansión óptima del sistema será aquella que iguale los costos del mayor valor de la energía con los costos de una mayor huella de carbón. ¿Cuál es ese equilibrio? Esa es la gran pregunta.
aclaracion al post anterior:
las alternativas a una energía más cara son la energía hidroeléctrica (represas y centrales grandes de pasada), la eficiencia energética y bueno, la nuclear (el GNL que llega a Chile es bastante caro).
Las ERNC, pese a todo lo bueno que se comenta de ellas, aún no son una alternativa economicamente factible a gran escala. Una central eolica tiene costos de generación por sobre los USD 90 por MWh, la solar supera los USD300 por MWh, y la mareomotriz es aún más cara. A modo de referencia, una central a carbón anda por los USD 50-60 por MWh, es decir, aun pagando el costo social del CO2 que han propuesto los expertos (USD 7-10 por ton) y la multa por la ley de ERNC (20.257) seguirá siendo mas conveniente. Quizás son alternativas la geotermia y la cogeneracion, y es de esperar que los costos de las ERNC bajen durante los próximos años.
El punto es como se compatibiliza ese hecho con las necesidades de crecimiento de los países menos desarrollados. En Chile, cada punto de crecimiento ha explicado 0.8% de reducción de la pobreza. Asimismo, nuestras estimaciones muestran que un encarecimiento permanente de la energía de un 10% reducirá la tasa de crecimiento económico en 0.2%, y por supuesto, reducir las emisiones de GEI implica energía más cara (y bueno, fomentar la energía hidroelectrica y los ahorros energéticos). No hay duda que una energía más costosa indudablemente afectará las metas de reducción de la pobreza, que paradojicamente son metas del milenio de la ONU (es un problema de optimalidad intertemporal en la asignación de recursos, tipo Ramsey!). No hay que olvidar que 1/4 de la población mundial vive con menos de USD1.25 (1.4 billones de personas), y que en los países más pobres la expectativa de vida es casi 25 años menor que la de la OECD….para que hablar de los problemas que ocasiona el SIDA, la malaria, las muertes por falta de acceso al AA.PP., etc….esto es lo que ha recalcado el Consenso de Copenhague de Ljomborg, quien sin desmerecer la importancia del CC agrega un poco de racionalidad a la discusión.
Es verdad que son los países desarrollados los que históricamente han causado el problema, pero son también ellos los que, a través de su “sucio” proceso de industrialización, desarrollaron las tecnologías que hoy todos aprovechamos. Estoy de acuerdo en establecer metas y exigencias diferenciadas, pero no puede exagerarse el desentendimiento del problema por parte del G77. Incluso si no fuera justo: bueno, no será justo, pero no tenemos alternativa de todas formas.